El exmagistrado y senador electo habla sobre los posibles indultos, el caso de López Aliaga y la labor del nuevo Senado.
Roberto Sánchez desconoce resultados.
Es una pataleta para desestabilizar. Algo muy lógico y muy natural en los partidos de izquierda, que usan a las instituciones de la democracia para socavarla. Una de las tareas del Congreso será revisar la legislación del sistema electoral para que las elecciones salgan como en Colombia. Ellos tienen un preconteo.
¿Qué reforma podría despolitizar la justicia?
Hay que hacer una reforma en la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el control difuso —que es una potestad de todos los jueces de inaplicar leyes que consideran que son contrarias a la Constitución— pase a ser una potestad del Tribunal Constitucional. O sea que cuando un juez en cualquier proceso crea que una norma con la cual él va a sentenciar no es compatible con la Constitución, que suspenda el proceso y eleve la consulta al Tribunal Constitucional para que sea quien resuelva. Porque el control difuso se está usando hoy en día para suspender todas las leyes que el Congreso aprueba y que al Poder Judicial no le parecen desde un punto de vista político. Y eso no está bien.
El control difuso se usa excepcionalmente. Pero acá parece la norma.
Así es. En Estados Unidos, el juez Marshall que creó la inaplicación de leyes lo usó en 1804. Y él y otros jueces de la Corte Suprema no lo usaron más si no hasta casi 30 años después. Aquí se usa casi todos los días.
El Tribunal Constitucional ha venido funcionando como un Senado.
Es un pequeño Senado. Pero eso era justamente por un diseño de la Constitución de 1993. Como se había creado un sistema unicameral con un grupo muy reducido de parlamentarios, solo 120 y después 130, eso hacía que cuando las minorías perdían en el debate político terminaran convirtiendo la discusión política en un problema en otra instancia, que era el Tribunal Constitucional. Con lo cual, efectivamente, éste se convertía en un pequeño Senado.
¿Cuál será la primera principal misión del Senado?
Hablando en abstracto, perfeccionar las leyes de la Cámara de Diputados. Y en concreto, regresar las instituciones que están un poco desbocadas a su propia normalidad.
La Fiscalía…
El Ministerio Público, el Poder Judicial y el propio Congreso, que para poniendo y sacando presidentes. Eso debe acabar.
Y la politización de la justicia. Dijo que Jose Domingo Pérez está muerto.
Políticamente hablando. No vaya a pensar él que he hablado en modo literal. Tú sabes que Domingo Pérez siempre le busca tres pies al gato. Al margen de que uno pueda discutir su actuación como fiscal, él tenía cierto sector de la población que pensaba que venía haciendo las cosas bien y que tenía un legado. Pero cuando un hombre del derecho pasa de esta manera tan violenta a un debate político electoral, y pone toda su historia jurídica a disposición de un partido político, lo que hace es simplemente acabar con todo el capital que tenía.
Eso confirmó la politización de su juicio.
Sí, confirmó. Pero sobre todo él queda muy mal.
¿Qué le parece el caso de Rafael López Aliaga? ¿Puede postular?
Hay un vacío legislativo que tiene que ser llenado con algunos principios generales del derecho. El primero es que a nadie se le puede obligar a realizar una labor que no quiere. Si él no quiere ser congresista y no ha juramentado, el JNE tendrá que declarar el vacío. No quiero decir vacancia, pero digamos el impedimento que se ha producido. Porque se vaca a quien es senador y él todavía no lo es, no ha recibido sus credenciales.
No es como el caso de Javier Valle Riestra.
No, Valle Riestra ya era congresista. Incluso él planteó una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional para que se declarara inconstitucional ese aspecto de la Constitución que no permitía al congresista renunciar.
El caso RLA es único.
Va a crear jurisprudencia electoral. Si uno lo mira desde el punto de vista práctico, y teniendo en cuenta cómo es el carácter de Rafael, quizás le convenga más al propio Senado que sea Absalón Vásquez el que asuma ese cargo. Rafael se guia más por sus emociones que por lo que conviene políticamente. En la política y en la vida, a veces hay que comerse algunos sapos.
¿Puede ser teniente alcalde si no hay reelección?
Hecha la ley, hecha la trampa. Él no va a querer ser primer regidor de Luis Rubio ni de nadie. Y desde un punto de vista político, ¿cómo es que postulas a la presidencia de la República y termina después intentando ser un primer regidor de Lima? ¿Y qué pasa si no queda segundo, ni queda primero, sino que queda cuarto o quinto? Se acabó su capital político. Nadie va a volver a pensar en él.
Se habla de indultos o gracias a Toledo y Castillo.
Desde el punto de vista legal y constitucional, todavía ninguno alcanza la posibilidad de ser indultado, porque ninguno tiene condena firme. De manera que no hay la posibilidad del indulto. Lo que podría caber es la gracia presidencial, pero creo que tampoco les alcanzaría porque esta atribución presidencial solo es posible de usar cuando se han cumplido los dos tercios del conteo del plazo, del proceso. Cuando yo tengo más allá de los dos tercios del plazo que se necesita para ser condenado y que todavía no haya sentencia. No es un cheque en blanco. Castillo ha demostrado que tiene un respaldo popular. Pero sería una mala señal para la población perdonar a una persona que ha cometido una infracción a la Constitución tan grave, que ha dado un golpe de Estado y por televisión. ¿Qué le vamos a decir a los niños a los que hay que enseñarles el respeto de la ley.