La Cancillería de Bolivia informó a este medio que la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), cuya oficina queda en su sede diplomática de La Paz, no puede responder si un ciudadano peruano ha tramitado o posee refugio o asilo político en su país, porque la Ley N°251, Ley de Protección de Personas Refugiadas, señala textualmente que esa información es “confidencial”.