La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la resolución judicial que amplía por 18 meses el mandato de prisión preventiva contra el expresentador de televisión Andrés Hurtado Grados, conocido como ‘Chibolín’.
Esta no es la primera vez que la Fiscalía solicita archivar delitos en favor del exgobernador regional de Junín dentro de este mismo expediente.
Con esta decisión, el investigado continuará recluido en el establecimiento penitenciario de Lurigancho, donde cumple prisión preventiva por el denominado caso Barras de Oro en perjuicio del Estado peruano.
Y es que, el tribunal supremo declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Hurtado Grados, el cual buscaba revocar la decisión emitida el pasado 12 de marzo por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley. Dicho magistrado de primera instancia había dictado la prolongación de la medida tras acoger el requerimiento planteado por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por funcionarios públicos.
"La prolongación de prisión preventiva constituye la medida de coerción personal que resulta idónea, necesaria y proporcional para asegurar los fines del proceso, garantizar la presencia del procesado y evitar riesgos que puedan comprometer el normal desarrollo de la actividad procesal", dice el documento.
Andrés Hurtado es procesado por su presunta participación como intermediario en la entrega de un soborno por parte del empresario Javier Miu Lei. La hipótesis fiscal señala que este pago ilícito se habría efectuado para que la entonces fiscal superior titular, Elizabeth Peralta, interviniera ante el Ministerio Público con el objetivo de conseguir la devolución de un cargamento de barras de oro que habían sido incautadas a la compañía de Miu Lei en el año 2020, además de otros dos hechos bajo investigación.
A raíz de este expediente, el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde formuló una acusación penal formal en la que solicita una pena de 30 años de privación de la libertad para Hurtado Grados. El Ministerio Público le atribuye al exconductor de televisión la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho activo específico y cohecho pasivo específico en agravio al Estado.
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