La sensación de desprotección vuelve a instalarse en el sistema judicial peruano. La profesora de danzas Elizabeth Olivera denunció públicamente que, pese a contar con medidas de protección vigentes, el hombre acusado de acosarla —Roberto Jesús Antón Ortiz— continúa en libertad tras haber incumplido al menos siete veces una orden de alejamiento en el distrito de San Martín de Porres.
El reconocimiento destaca dos décadas de gestión al frente del banco central y su aporte a la estabilidad macroeconómica del país.
Según el testimonio de la docente, la relación con el denunciado terminó en 2023, luego de varios años marcados por presuntos episodios de violencia psicológica, emocional y física.
A raíz de la ruptura, las autoridades dictaron medidas de protección que prohibían cualquier tipo de contacto y establecían una distancia mínima de 200 metros. Sin embargo, dichas disposiciones —asegura— han sido sistemáticamente vulneradas.
Olivera relató que el acusado no solo habría ignorado las restricciones, sino que además intensificó el acoso. “Me vigilaba en todos los lugares donde yo iba. Se aparecía en los lugares donde yo estaba y enviaba a sus amigos a seguirme por redes sociales”, declaró en entrevista con Latina Noticias.
La situación, según explicó, ha impactado directamente en su estabilidad emocional y desempeño profesional. El denunciado incluso habría acudido a su centro de trabajo, generando temor en su entorno laboral y afectando su rutina diaria.
Detenciones sin consecuencias
Uno de los puntos más críticos del caso es la respuesta de las autoridades. Pese a haber sido detenido en al menos dos ocasiones en flagrancia por incumplir la orden de alejamiento, Antón Ortiz fue liberado tras cumplir las 48 horas de detención preliminar, sin que se dictaran medidas más severas como prisión preventiva.
“¿Cuántas veces más tiene que romper la orden para que actúen?”, cuestionó la docente, evidenciando la frustración frente a lo que considera una falta de acción efectiva por parte del sistema de justicia.
Además, denunció la falta de información sobre el avance del proceso judicial, lo que la ha obligado a acudir personalmente a instancias judiciales para obtener respuestas, sin éxito claro hasta el momento.
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