Las cifras difundidas por la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre una presunta reducción de las denuncias por extorsión y de los homicidios durante el primer semestre de 2026 han generado cuestionamientos debido a inconsistencias detectadas entre distintos registros oficiales.
Según la PNP, las denuncias por extorsión habrían disminuido hasta en un 50% y los homicidios alrededor de un 25% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, los secuestros habrían caído un 20% y un 30% en los asaltos y robos.
Sin embargo, especialistas en seguridad ciudadana y análisis de datos sostienen que esas cifras no coinciden con otras fuentes oficiales, como el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) y registros del Ministerio Público, que muestran una realidad distinta sobre la evolución de la violencia criminal en el país, según informa El Comercio.
Un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Ejército permitió desarticular a la organización criminal "Los Guardianes de La Pampa", incautar un arsenal de guerra valorizado en más de S/329 mil y detener a 21 presuntos integrantes en el distrito de Inambari. Sin embargo y pese al pedido de 18 meses de prisión preventiva por parte de la fiscalía especializada, los jueces se tiran la pelota.
El ingeniero y analista de datos, Juan Carbajal, cuestionó estas cifra al encontrar diferencias con números publicados por la propia institución. Por ejemplo, el informe de la PNP reporta 6.659 denuncias de extorsión en el primer semestre del 2026, pero el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Mininter mantiene la cifra en 7.694 denuncias en el mismo período.
El experto, citado por el medio, señaló que también existe un marcado desfase entre los registros del Ministerio Público respecto a las extorsiones, cuya cifra asciende a 10.458 denuncias entre enero y mayo de este año, un número considerablemente superior a lo presentado por la PNP.
Por su parte, Nicolás Zevallos, vocero del Instituto de Criminología, advirtió que hay distintas fuentes oficiales con resultados diferentes respecto a las cifras de homicidios. El Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad reportó una tasa de 10,7 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que los registros de la policía llegan a los 16,7 por cada 100 mil habitantes y el Sinadef tiene una cifra menor.
¿DIFERENTES METODOLOGÍAS?
Los expertos señalan que parte del problema radicaría en la utilización de metodologías diferentes para contabilizar los delitos, así como en la ausencia de criterios públicos y uniformes para elaborar las estadísticas. Esta situación dificulta la comparación de datos y genera dudas sobre la confiabilidad de los indicadores empleados para evaluar la eficacia de las políticas de seguridad ciudadana.
También advierten que las discrepancias pueden afectar la toma de decisiones de las autoridades, ya que las estadísticas oficiales constituyen una herramienta fundamental para definir estrategias de prevención, asignar recursos y medir el impacto de las intervenciones policiales. Por ello, especialistas consideran necesario transparentar las bases de datos y unificar los criterios de registro entre las diferentes entidades del Estado.
En ese contexto, los analistas recomiendan que el Gobierno fortalezca los mecanismos de interoperabilidad entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y otras instituciones responsables de generar información sobre criminalidad. A su juicio, contar con estadísticas consistentes y verificables es indispensable para enfrentar el incremento de la delincuencia organizada y recuperar la confianza de la ciudadanía en las políticas de seguridad.
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