El streamer peruano Cristopher Puente Viena, conocido en redes como ‘Cristorata’, fue incluido en una denuncia penal por presuntos actos de racismo e incitación a la discriminación, luego de difundir comentarios ofensivos contra ciudadanos de Puno, Cusco y Ayacucho durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick.
La policía evacuó una residencia en los suburbios tras una llamada de emergencia que encendió las alarmas.
La acusación fue presentada por el abogado cusqueño Dennis Llamocca ante la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad. Según el documento, los hechos podrían configurar el delito contra la humanidad en la modalidad de discriminación e incitación a la discriminación, contemplado en el artículo 323 del Código Penal peruano.
De acuerdo con la denuncia, los comentarios fueron emitidos tras la difusión de resultados electorales, en un contexto de alta tensión política. Durante la transmisión, el streamer habría lanzado expresiones denigrantes contra ciudadanos de regiones andinas, lo que motivó la reacción de diversos sectores y el inicio de acciones legales.
Llamocca señaló que la denuncia también incluye la solicitud para identificar a otra persona que participó en la grabación, quien también podría enfrentar cargos por actos discriminatorios.
“Estamos pidiendo que el señor sea sentenciado en agravio de la colectividad de ciudadanos del Cusco y de las zonas andinas. No son suficientes sus disculpas”, declaró en entrevista con Exitosa.
Ministerio de Cultura se pronuncia
El Ministerio de Cultura del Perú se pronunció públicamente para condenar las declaraciones del streamer, calificándolas como expresiones racistas que atentan contra la diversidad cultural del país. En su comunicado, la entidad reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y anunció que su Procuraduría trasladará el caso al Ministerio Público.
Esta acción busca que se inicien las investigaciones preliminares correspondientes, en el marco del artículo 323 del Código Penal, que sanciona los actos de discriminación en el país. El objetivo es determinar responsabilidades y, de ser el caso, aplicar las sanciones establecidas por la ley.
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