Clímaco Basombrío y Antauro Humala: los condenados que recuperaron su libertad sin pagar la reparación civil

La reaparición pública de Clímaco Basombrío, conocido como el "asesino del martillo", ha vuelto a poner en discusión una de las principales críticas al sistema penal peruano: la posibilidad de que un condenado cumpla su pena de prisión, recupere su libertad y continúe adeudando la reparación civil fijada por el Poder Judicial.

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Policiales

Vie, 17/07/2026 - 21:38

EL LOCO DEL MARTILLO LIBRE: Captan a Clímaco Basombrío 25 años después del crimen que conmocionó al Perú

El exconvicto fue captado en cámaras y su aparición generó la reacción de Ida Merino, sobreviviente del brutal ataque ocurrido en 2001, quien sigue reclamando el pago de la reparación civil fijada por la justicia.

Alvaro Treneman

Para el abogado penalista Andy Carrión, el caso no es una excepción. Explicó que la legislación peruana no contempla la prisión por el incumplimiento del pago de una reparación civil, por lo que una persona no puede regresar a la cárcel únicamente por mantener esa deuda.

"No existe prisión por deudas, y menos aún por reparación civil", señaló el especialista a Perú21 al ser consultado sobre la situación de Clímaco Basombrío.

Ida Merino, quien sobrevivió al brutal ataque de Basombrío, declaró a Día D que el sujeto no le ha pagado ni un sol. La mujer padece todavía las secuelas físicas y emocionales del ataque ocurrido el 7 de julio de 2001.

ANTAURO, OTRO QUE EVADE 

Como antecedente, Carrión recordó el caso de Antauro Humala, quien recuperó su libertad tras cumplir la condena por el denominado Andahuaylazo, pero mantiene pendiente el pago de la reparación civil ordenada por la justicia.

Antauro Humala fue sentenciado a 25 años de prisión por homicidio calificado, secuestro, rebelión, sustracción de armas de fuego y otros delitos. Dos años después, la Corte Suprema redujo la condena a 19 años, pena que terminó de cumplir antes de recuperar su libertad en 2022.

Se le impuso el pago de S/1'283.000 por concepto de reparación civil. De ese monto, S/1'120.000 corresponden a los familiares de los cuatro policías fallecidos (S/280.000 para cada familia), S/63.000 a los efectivos secuestrados y S/100.000 al Estado, este último ya cancelado. Sin embargo, los deudos de las víctimas han denunciado que hasta la fecha no han recibido pago alguno. 

Adolfo Cahuana, padre de Carlos Cahuana, uno de los cuatro policías asesinados durante la referida asonada, declaró a Perú21 que Humala —preso 17 años y 7 meses por homicidio simple, entre otros delitos, por ese caso— no ha cancelado la reparación civil de S/280,000 por cada policía asesinado, y que el monto total que adeuda, según precisó, asciende a S/1’120,000.

Carrión explicó que, una vez cumplida la condena privativa de libertad, lo único que queda pendiente es la ejecución de la reparación civil mediante la vía patrimonial.

"Tienen que usarse las vías pecuniarias para reclamar esa reparación. Si tiene cuentas bancarias, pedir el embargo; si tiene propiedades, también pueden embargarse para cobrarse la reparación", indicó.

PEOR IMPOSIBLE 

No obstante, reconoció que en la práctica estos mecanismos suelen resultar poco eficaces.

"Lo más seguro es que no tenga cuentas ni bienes a su nombre. Muchas personas previenen esta situación trasladando sus bienes a terceros antes de que se ejecute la reparación civil", sostuvo.

El abogado afirmó que se trata de un problema frecuente en el país y no solo en casos de homicidio.

"Es muy común. Muchas víctimas prefieren negociar una compensación antes de iniciar un proceso penal, porque saben que pueden lograr una condena de cárcel, pero el pago de la reparación civil termina siendo incierto", explicó.

Añadió que la misma situación se ha presentado en diversos procesos por corrupción, donde los condenados recuperaron su libertad sin haber cumplido con el pago íntegro de las indemnizaciones ordenadas por el Poder Judicial.

Frente a este escenario, Carrión consideró que la solución pasa por una modificación de la legislación.

"Sería un tema de propuesta normativa. Si no se paga la reparación civil antes del cumplimiento de la pena, podría evaluarse que la persona permanezca en prisión. Pero esa norma hoy no existe", precisó.

Respecto al caso de Clímaco Basombrío, recomendó que las víctimas soliciten al Poder Judicial la ubicación de eventuales bienes, cuentas bancarias o ingresos para intentar ejecutar el cobro.

"Lo que corresponde ahora es indagar si tiene propiedades, ingresos o cuentas y solicitar su embargo. Esa es la única vía legal para intentar hacer efectiva la reparación civil", concluyó.