Cada vez que un policía sale a patrullar las calles, se despide de su familia con una promesa implícita: regresar a salvo. Sin embargo, cuando la salud falla (ya sea por una herida en cumplimiento del deber o por una enfermedad compleja en casa), la batalla cambia de escenario. Para más de 450 mil asegurados, entre efectivos en actividad, retirados y sus familias, la calidad de la atención médica no es un tema de debate político; es una necesidad de vida o muerte.
Los malhechores despojaron de todas sus pertenencias a los clientes que se encontraban cenando en el local ubicado en la avenida Perú.
La reciente aprobación en el Pleno del Congreso para elevar del 6% al 9% el aporte obligatorio del Estado al financiamiento de la salud de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (Saludpol) representa, antes que un logro financiero, un cambio directo en el bienestar del policía de a pie.
El suboficial y las batallas de alta complejidad
¿Quién es el verdadero beneficiario de esta medida? Pensemos en un suboficial de tercera que patrulla las zonas más peligrosas del país, o en el personal en retiro que arrastra secuelas de años de servicio.
Para ellos, el verdadero valor de esta reforma no está en los porcentajes, sino en saber que si su hijo necesita un tratamiento oncológico, o si un colega requiere una intervención de alta complejidad, el sistema tendrá los recursos para responder de manera oportuna.
El incremento del presupuesto permitirá a Saludpol ampliar convenios con clínicas y hospitales, optimizar el abastecimiento de medicamentos y reducir los tiempos de espera que tanto desgastan a los pacientes. Se trata de equiparar sus derechos de salud con los de cualquier otro trabajador del sector público.
"Este avance contribuirá a brindar una atención más digna, especializada y de calidad a nuestros asegurados, especialmente a quienes requieren tratamientos de alta complejidad y elevado costo", señaló el doctor Héctor Berastain Merino, gerente general de Saludpol, tras un largo proceso de gestión que inició a mediados de 2025 ante el Parlamento.
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