Mientras los candidatos se preparan para los debates sobre seguridad, este flagelo vuelve a posicionarse como uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos.
El Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP presentó un análisis que muestra dónde fallan los sistemas de prevención y propone medidas concretas para enfrentar los principales problemas que afectan la vida diaria de la población.
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DIAGNÓSTICO
Según una encuesta de Ipsos para el Observatorio, la preocupación principal de los ciudadanos son los delitos que impactan directamente su vida cotidiana.
El 76% señaló la extorsión y el cobro de cupos como la actividad criminal que más les preocupa, seguida de la corrupción de funcionarios públicos con un 41% y la violencia sexual con un 37%. Otros delitos como el secuestro y el robo agravado también generan alarma, con 35% y 32% respectivamente, mientras que estafas, fraudes y préstamos extorsivos alcanzan el 26%.
La percepción sobre el próximo gobierno frente a la inseguridad está dividida: un 31% se siente algo optimista, un 30% algo pesimista y un 28% bastante pesimista, reflejando incertidumbre sobre la capacidad de gestión. Solo un 5% se siente bastante optimista frente al próximo gobierno en seguridad.
Cuando se preguntó cuáles acciones deberían priorizarse, el 54% indicó combatir el crimen organizado y las economías ilegales, el 45% destacó la reforma del sistema de justicia y el 44% fortalecimiento de la Policía Nacional, seguidos de educación, control de penales y prevención del delito, evidenciando que la ciudadanía demanda tanto seguridad inmediata como estrategias de largo plazo para enfrentar las causas del delito.
PROPUESTAS
Entre las soluciones planteadas destacan fortalecer la presencia territorial de la Policía y mejorar su equipamiento, así como potenciar el trabajo de inteligencia.
Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, enfatizó que “al fortalecer la inteligencia policial, mejorar la articulación de operadores de justicia y focalizar los recursos hacia los puntos críticos, podríamos enfrentar la criminalidad de manera más efectiva y proteger el bienestar de las familias”.
Para reducir la extorsión, se propone tercerizar el control de ingreso y salida de penales, asegurando que el manejo de comunicaciones y supervisión externa disminuya las acciones delictivas desde estas instituciones. Hizo hincapié en que ya se hizo un piloto exitoso hace algunos años.
También se plantea el uso de tecnología avanzada, incluyendo big data e inteligencia artificial, para organizar la información de denuncias, perfilar delitos y diseñar estrategias de seguridad más precisas en las calles.
En el caso de la minería ilegal, se recomienda un trabajo de inteligencia policial que identifique rutas y puntos de operación, junto con un control riguroso de la cadena de valor y del proceso productivo. Valdés destacó que “hay necesidad de tener una estructura y seguimiento de dinero, porque eso empezará a permitir articular la criminalidad”, subrayando la importancia de controlar financiamiento y logística para desarticular estas redes.
El observatorio también señala que muchas políticas de seguridad carecen de financiamiento regular: solo 11 de los 42 servicios previstos reciben recursos estables, lo que limita la intervención efectiva y el apoyo a las víctimas.
Según los expertos, sin redistribuir recursos humanos y equipamiento, integrar datos institucionales y garantizar presupuesto suficiente, la lucha contra la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal seguirá siendo limitada.
Por su parte, Carlos Basombrío, exministro del Interior, puso sobre la mesa la necesidad de repensar las prioridades del gasto público en seguridad, pues la inyección de S/500 millones más para sostener a Petroperú podría haber sido orientado a reforzar la lucha contra la criminalidad, lo que significa cubrir poco más del 50% de lo que se necesita.
Ambos señalaron que estas propuestas buscan servir como insumo para los planes de gobierno de los candidatos en medio de las elecciones generales 2026.
TENGA EN CUENTA
·Solo 11 de los 42 servicios de la política nacional de seguridad reciben financiamiento regular, según el Observatorio del Crimen.
·En algunas zonas del país, como El Porvenir (Trujillo) hay apenas 0.18 policías por cada 300 habitantes.
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