El Gobierno promulgó un decreto que establece nuevos lineamientos para la evaluación de la conmutación de penas (reducción de penas) en casos de personas sentenciadas por el delito de omisión a la asistencia familiar, también conocido como incumplimiento de la pensión de alimentos.
La víctima había retirado la importante suma de dinero de una entidad bancaria.
La medida busca ordenar el tratamiento de este tipo de condenas dentro del sistema penitenciario, permitiendo que determinados internos puedan acceder a beneficios como la conmutación de pena, siempre que cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos el pago de casi el total de la deuda alimentaria y la reparación civil correspondiente.
La medida, que tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, será aplicable a internos que se encuentren ubicados en el régimen cerrado ordinario del sistema penitenciario, no registren más de una condena efectiva ni procesos penales pendientes
De acuerdo con la normativa, la evaluación de estos beneficios se realizará bajo procedimientos específicos que deberán ser revisados por las autoridades competentes del sistema de justicia, garantizando el cumplimiento de las obligaciones hacia los menores o beneficiarios de la pensión.
Además, se precisa que este tipo de medidas no implica una liberación automática, sino un análisis caso por caso, en el que se verificará el cumplimiento de las condiciones legales antes de otorgar cualquier beneficio penitenciario.
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