Una decisión del Ministerio de Salud (Minsa) ha encendido las alertas en el sistema sanitario peruano. La publicación de la Resolución Ministerial N.º 115-2026/MINSA, el pasado 11 de febrero, deja sin efecto la normativa que, desde 2005, exigía que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estuvieran bajo la responsabilidad de médicos especialistas en Medicina Intensiva.
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El artículo 2 de la nueva resolución deroga expresamente la RM 489-2005 y la RM 161-2020, eliminando así el marco técnico que durante más de dos décadas estableció requisitos claros para el ejercicio profesional en las UCI del país.
La disposición no solo implica una modificación normativa, sino también un cambio conceptual y organizacional. A partir de ahora, ya no se hablará oficialmente de “Servicio de Cuidados Intensivos”, sino de “Unidad Productora de Servicios de Salud – Cuidados Intensivos (UPSS Cuidados Intensivos)”.
Este ajuste responde al modelo organizacional que el Minsa viene implementando para estructurar las prestaciones dentro de los establecimientos de salud. Bajo este esquema, las UCI pasan a integrarse como Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS), tanto en las IPRESS públicas como privadas del sistema nacional.
Sin embargo, para diversos especialistas, la modificación va mucho más allá de una simple adecuación administrativa.
Sopemi advierte riesgos legales y sanitarios
La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi) emitió un pronunciamiento institucional en el que expresó su profunda preocupación por la medida.
“El cuidado intensivo es un acto médico altamente especializado, que exige formación formal, certificada y registrada en la especialidad de Medicina Intensiva”, señala el documento.
El gremio fue enfático al sostener que la atención en UCI debe ser brindada exclusivamente por médicos especialistas en Medicina Intensiva. Además, advirtió que permitir que profesionales sin dicha especialidad asuman esas funciones podría generar responsabilidades legales, al vulnerar el principio de idoneidad profesional y las garantías de seguridad y calidad en la atención de pacientes críticos.
Sopemi exhortó a las autoridades del sector salud, órganos de control y operadores de justicia a hacer cumplir estrictamente las normas técnicas y legales vigentes, en resguardo del derecho fundamental a la salud.
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