POR DANIEL ARQUEROS, colaborador en PIURA
La minería ilegal avanza sin freno en Piura y se expande hacia sectores estratégicos en los que la extracción clandestina de oro ya genera impactos económicos, ambientales y sociales de gran magnitud.
Sobre esta preocupante situación, especialistas advierten que la región se ha convertido en uno de los principales focos de esta actividad ilícita en el país, impulsada por la débil fiscalización estatal, el fracaso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y su cercanía con la frontera ecuatoriana.
Edinson Flores Valladolid intentó escapar de los disparos, pero murió en plena vía pública tras recibir varios balazos.
De acuerdo con el economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), Franco Saito, Piura se ha convertido en uno de los principales focos de minería ilegal del país.
“Luego de Madre de Dios, Piura integra el segundo pelotón de regiones con mayor presencia de minería ilegal. Su ubicación fronteriza con Ecuador dificulta el control de flujos y convierte a la región en un punto altamente atractivo para esta actividad”, explica.
Saito advierte que, desde 2019, las exportaciones vinculadas al oro ilegal se han multiplicado hasta siete veces a nivel nacional, al punto de que cerca de la mitad del metal exportado tendría origen irregular.
DISTRITOS TOMADOS
Según el docente de la Universidad de Piura (UDEP) Manuel López, la actividad ilegal se concentra principalmente en Suyo, Servilleta, La Tina, Paimas y Sapillica, en la provincia de Ayabaca; así como en Las Lomas y Tambogrande, en la provincia de Piura, zonas con alta riqueza aurífera superficial y subsuperficial.
“Son los distritos en los que hay mucha más presencia de mineros ilegales y que están realizando operaciones allí con maquinaria muy artesanal, con muy bajos estándares ambientales y también de contratación de personal y de su seguridad en general”, sostiene.
Estima que entre el 80% y 90% del oro producido en la región tendría origen ilegal. Además, calcula que más de 8,000 personas participan directa o indirectamente en estas operaciones extractivas.
“Se trata de una economía paralela que distorsiona el mercado laboral, compite con la agricultura y mueve miles de millones de dólares fuera del sistema formal. Entonces, esos son quizás algunos de los más importantes impactos negativos en la economía”, señala.
Vecinos y empresarios denuncian pérdidas de hasta 60%, calles destruidas y riesgo para antiguas casonas por cuestionada obra de drenaje valorizada en más de S/113 millones.
Guillermo Dulanto, también economista y docente de la UDEP, advierte que esta actividad genera pérdidas fiscales significativas. Explica que la cantidad de oro exportado de manera informal prácticamente iguala al formal, lo que afecta la recaudación tributaria y debilita la economía regional.
Guillermo Dulanto, economista y docente de la UDEP.
Advierte que los impactos más graves se reflejan en los ámbitos ambiental y social debido a que el uso indiscriminado de mercurio y cianuro viene contaminando suelos, ríos y cultivos, especialmente en zonas cercanas al valle de San Lorenzo y al río Chira, donde ya se ha detectado la presencia de metales pesados. A ello se suma el incremento de delitos conexos, como el crimen organizado, el tráfico de armas y la trata de personas.
Manuel López, docente de la UDEP. (Foto: Difusión).
UN ESTADO AUSENTE
Por otro lado, los especialistas coinciden en que existe una falta de capacidad operativa por parte del Estado para enfrentar el problema, situación que ha permitido el avance de la minería ilegal en la región y otras partes del país.
También advierten que la demora en aprobar la Ley MAPE (Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal) y la ampliación del Reinfo hasta diciembre de 2026 han eliminado cualquier incentivo real para la formalización.
“En el caso del Reinfo, vemos que este no ha tenido ningún resultado positivo desde su creación en 2016. (…) Más bien lo que ha servido es como un escudo para la ilegalidad”, indica Franco Saito.
DESAFÍO DE LA MINERÍA FORMAL
Aunque existen proyectos mineros formales, como Río Blanco, en Ayabaca, y El Algarrobo, en Tambogrande, el especialista Guillermo Dulanto precisa que estos enfrentan una fuerte resistencia social debido a una deficiente estrategia de comunicación empresarial y campañas impulsadas por sectores vinculados a la minería informal.
“Hoy no solo existe oposición ideológica o ambiental. También hay intereses económicos ilegales que financian campañas de rechazo”, alerta.
Los expertos coinciden en que el Estado debe asumir un rol mediador que garantice información transparente, diálogo técnico y presencia efectiva en territorios donde hoy predominan la informalidad y el crimen.
Perú21 buscó obtener información oficial de la Dirección Regional de Energía y Minas de Piura sobre las acciones adoptadas frente al avance de la minería ilegal, pero al cierre de este informe no obtuvo respuesta.
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