POR: Carlos Cabrejos, colaborador en Lambayeque
Desde Fuerza Popular (FP), Miguel Torres es siempre una ficha determinante para anunciar las posiciones de su partido, mientras desde la tienda política de Juntos por el Perú (JP), Ernesto Zunini Yerrén, electo diputado por Lambayeque, cobra un rol protagónico a nivel nacional como vocero político. Este último se ha convertido en el responsable de sumar aliados, cuestionados o no, con un claro mensaje centrado en la “hoja de ruta con el pueblo” y el “Perú profundo”, rechazando las hojas de ruta tradicionales y enfocándose en el desarrollo humano en lugar del simple crecimiento económico.
Yehude Simon Munaro, quien lo conoce hace más de dos décadas y caminó por años en el Gobierno Regional de Lambayeque junto a su padre Walter Zunini Chira, lo cataloga como un buen cuadro político. En diálogo para Perú21, el también fundador y exapoderado del partido Juntos por el Perú asegura que tiene un mejor perfil inclusive que el propio Roberto Sánchez; sin embargo, hace una salvedad y le resta autonomía política al señalar que (Zunini) es solo su trabajador, donde —según Simon— “el patrón es quien manda… a quien le espera el karma”; sugiriendo con ello que su lealtad no sería con el electorado, sino con Roberto Sánchez.
Por ahora, Zunini ha empezado a lidiar no solo con posturas y ofrecimientos de sus aliados políticos, sino también con aspectos que intentaba JPP esconder bajo la alfombra, como las vinculaciones de determinados familiares y más cercanos colaboradores en algunas instituciones del Estado peruano en la región Lambayeque.
Un caso relevante es el de Katherine Paola Alva La Rosa, madre de sus dos hijos, licenciada en Educación Inicial. Durante el gobierno de Dina Boluarte Zegarra —a quien Juntos por el Perú le dio la espalda tras la caída y encarcelación del expresidente Pedro Castillo— Alva se adjudicó dos contratos, en octubre y noviembre de 2024, por el monto de 12,000 soles en el Programa Educación Básica para Todos del Ministerio de Educación (Minedu). En aquel momento, Ernesto Zunini, en el período 2024-2025, ya hacía campaña política y a la vez se desempeñaba como asesor técnico en el despacho del congresista Roberto Sánchez.
Frente a este cuestionamiento, el hoy vocero de Juntos por el Perú defiende la contratación asegurando que su pareja sentimental es una especialista y tenía los pergaminos para adjudicarse tal contrato, negando injerencia política alguna. “Ella está en la libertad de contratar, ha desarrollado la línea de la convivencia escolar porque es especialista de Educación Inicial. No veo ningún inconveniente en ello y porque además recién voy a ser autoridad pública. Es más, no creo en un aprovechamiento o injerencia política, porque no somos gobierno y cuando la señora Dina Boluarte nos propuso serlo no aceptamos su invitación”, puntualiza Zunini.
Roberto Sánchez con Hernando Guerra-García y Yehude Simon en un evento del Partido Humanista en Lambayeque en 2017, antes de que el primero se apropiara de la organización política.
¿BOTÍN POLÍTICO?
Sin embargo, no es lo único que, en la región Lambayeque, hoy se le cuestiona a Juntos por el Perú. Desde la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, entidad vinculada a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, con Janet Cubas Carranza como alcaldesa, el listado de funcionarios militantes y allegados a esta agrupación política de izquierda se hace más notorio, ahora más con la cercanía de los comicios municipales y regionales.
Pese a que Cubas Carranza fue expulsada “con roche” de JP en julio de 2024, a través de un comunicado titulado “Chiclayo merece vivir mejor”, que lleva las firmas de los dirigentes regionales Nilo Guamuro Altamirano y Juan Carlos Becerra Manayay, la lista de allegados políticos a Ernesto Zunini y sus familiares salta a la vista, empezando por su propio hermano, Gustavo Zunini Yerrén, quien en febrero de 2025 fue designado gerente de Gestión de Negocios de la entidad benefactora.
Gustavo Zunini, administrador de profesión y militante de Juntos por el Perú desde 2010, arrastra, además de un proceso judicial desde 2019 por omisión a la asistencia familiar, un serio cuestionamiento por su vínculo laboral en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), luego de que la Contraloría General de la República —con Informe de Orientación de Oficio N°013-2025-OCI/0205SOO— detectara que fue contratado pese a que había una ley que lo impedía por tener vínculo de parentesco con su padre, trabajador nombrado de esta casa superior de estudios.
Para la Beneficencia chiclayana, la llegada del “benjamín” de los Zunini Yerrén no ha sido la solución a los problemas institucionales, pues trabajadores consultados por Perú21 refieren que en el último año no se han generado mayores fuentes de ingreso, manteniéndose solo con los captados en el cementerio “El Carmen”, servicio funerario (Serfin) y centro médico “Salud Vida”.
Ernesto Zunini por estos días recorre las regiones del norte peruano intentando convencer al electorado para que respalde a Roberto Sánchez y se conozca el significado del sombrero chotano.
TENGA EN CUENTA
Para algunos regidores consultados por Perú21, la Beneficencia Pública de Chiclayo es una entidad ‘botín’ del brazo político de Roberto Sánchez, más ahora con el nombramiento de su militante Humberto Juliano Sánchez Diez Bonilla en la presidencia del directorio.
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