ACTUALIZACIÓN
La Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu inició investigación preliminar a nueve personas por el delito de usurpación agravada en perjuicio del Estado, tras la invasión de terrenos cercanos a la carretera Hiram Bingham, que conduce al santuario histórico de Machu Picchu.
Se trata de Renzo Segovia, Edén Chirinos, Fredy Álvarez, Eloy Huamán, Bernabé Ccori, Héctor Cóndor, entre otros. Según las indagaciones de la fiscal provincial María Huaco Cateriano, los investigados habrían colocado palos de madera y mallas en el margen derecho de la carretera Hiram Bingham, vía que dirige al santuario histórico de Machu Picchu, área natural protegida por el Estado.
El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velazques Hurtado, confirmó que los ocupantes aún permanecen en la zona protegida de Machu Picchu y que la Policía se mantiene en vigilancia para evitar que la situación escale.
El mandatario José Antonio Kast visitó la región de Arica y Parinacota para dar el visto bueno al inicio oficial de las obras.
Precisó que el número de personas es variable —con grupos que pernoctan en el lugar y otros que se suman durante el día— y que se requiere un pedido formal de la Municipalidad de Machu Picchu para ejecutar el desalojo. “Estamos a la espera del requerimiento para intervenir y retirarlos, respetando las normas”, indicó a Nueva TV Nacional.
DOS CASOS DE INVASIÓN EN MACHU PICCHU
Por su parte, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, José Manuel Mayorga Zárate, reveló que la Fiscalía investiga dos hechos vinculados.
El primero ocurrió el 27 de febrero por el uso irregular de un terreno en la vía Hiram Bingham, y otro registrado el 13 de marzo, cuando alrededor de 200 personas ocuparon un área en la margen derecha de la carretera, dentro de la zona protegida.
El magistrado advirtió que el caso podría configurar el delito de usurpación agravada, al tratarse de un terreno del Estado y una ocupación masiva. Añadió que, hasta el momento, no hay detenidos, pero ya se ha identificado a varias personas y el proceso continúa bajo conducción del Ministerio Público.
Asimismo, señaló que los ocupantes no serían ajenos al distrito de Machupicchu Pueblo y alegan necesidad de vivienda, aunque sin autorización municipal. De confirmarse el delito, los implicados podrían enfrentar penas de hasta ocho años de prisión.
Videos a los que tuvo acceso Perú21 muestran que varios de los ocupantes se mantienen firmes en el lugar y se muestran renuentes e incluso hostiles ante las cámaras. En las imágenes se observa que, pese a la lluvia, permanecen en la zona utilizando paraguas y cobertores plásticos, lo que evidencia su intención de no retirarse.
Asimismo, las grabaciones reflejan que el grupo continúa instalado cerca del acceso a Machu Picchu, incluso en presencia policial. Sin embargo, la Policía no ha podido ejecutar el desalojo hasta el momento, debido a que aún no se cuenta con la orden formal ni el requerimiento de las autoridades competentes para intervenir con uso de la fuerza.
MÁS REACCIONES OFICIALES
Otro de los que se pronunció al respecto fue el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo de Cusco, Rosendo Baca, quien advirtió que este caso se suma a una serie de problemas registrados en Machu Picchu durante el último año y que continúan generando preocupación.
Indicó que el tema fue abordado en una reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec) y que se ha solicitado un informe detallado a la oficina descentralizada en Machupicchu Pueblo para elevarlo a instancias superiores.
El funcionario precisó que se coordinará con entidades como la municipalidad de Machupicchu Pueblo, el Sernanp, el Ministerio de Cultura y la Fiscalía, a fin de que cada institución ejerza sus competencias para recuperar los terrenos ocupados y garantizar la protección del área, considerada zona de amortiguamiento del santuario.
Consultado sobre el impacto en la imagen del destino turístico, fue enfático. “Se tiene que cumplir la ley. Vamos a establecer una hoja de ruta que asegure que estos espacios vuelvan a su condición originalNo estamos en tierra de nadie. Si respetamos el marco legal y cada institución ejerce sus funciones, se garantizará que estos terrenos vuelvan a su estado”, dijo.
NOTA PREVIA
La Región Policial de Cusco investiga la presunta invasión de terrenos del Estado dentro del polígono del santuario histórico de Machu Picchu, en una zona considerada de protección especial ubicada en la margen derecha de la vía de acceso, antes del puente Ruinas.
Según en una primera información policial, cerca de 50 personas habrían ingresado al área y empezado a delimitar el terreno con un enrejado. Durante la intervención, los agentes también encontraron herramientas como palas en el lugar, lo que hace presumir que se pretendía realizar algún tipo de intervención en el terreno.
Según reportes de algunos medios locales de Cusco, parte de los pobladores que ingresaron al área cercana al Puente Ruinas se habrían instalado en la ruta hacia Machu Picchu con la aparente intención de habilitar un mercado informal y un asentamiento.
Durante el fin de semana se colocaron carpas y puestos improvisados en un tramo de la vía, lo que generó preocupación entre autoridades locales y operadores turísticos por el posible impacto en el tránsito de buses hacia la ciudadela inca.
El coronel Carlos Guizado, jefe de Orden y Seguridad de la Macro Región Policial Cusco, indicó que el hecho fue reportado desde el viernes 13 de marzo y que efectivos de la comisaría del sector acudieron al lugar para realizar la constatación correspondiente.
“Hay personas que se están queriendo posicionar de una determinada área de terreno. Queremos establecer si están usurpando algún tipo de espacio. Tenemos conocimiento de que ese terreno pertenece al Estado”, señaló el oficial a Nueva TV Nacional.
Durante la diligencia también se registraron momentos de tensión y reclamos. Uno de los representantes del grupo afirmó —entre el bullicio— que las personas presentes tendrían derecho a contar con una vivienda, argumento que fue expresado mientras los agentes realizaban las verificaciones.
De acuerdo con las primeras indagaciones, las personas que ingresaron al área pertenecerían a empresas vinculadas al transporte turístico hacia la ciudadela inca, entre ellas Consettur y San Antonio de Torontoy.
Las diligencias se realizan en coordinación con el Ministerio Público para determinar si se configura el delito de usurpación en esta zona de alto valor patrimonial. Mientras tanto, la Policía continúa recabando información para establecer responsabilidades por la presunta ocupación de terrenos estatales dentro del ámbito del santuario.
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