El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó un traslado excepcional de 15 internos de alta peligrosidad del penal de Cajamarca hacia el establecimiento penitenciario de Challapalca, en Tacna, luego del motín ocurrido el pasado sábado 30 de agosto, en el que dos agentes de seguridad fueron tomados como rehenes.
El Poder Judicial ordenó la medida contra Jorge Junior Silva Álvarez, investigado por el feminicidio de su sobrina, la joven universitaria Xiomara Alejandra Huertas Santiago.
La medida fue ejecutada con el objetivo de imponer el principio de autoridad y garantizar la seguridad penitenciaria.
El operativo contó con la participación de 60 agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, además de 30 efectivos de la Oficina Regional Norte (Chiclayo) y 30 de Lima. De manera simultánea, se realizó una requisa en los pabellones 1, 4, 5 y 7 del penal cajamarquino.
REOS TRASLADADOS
Entre los internos figuran presuntos cabecillas e integrantes de peligrosas organizaciones criminales, investigados y condenados por delitos de extorsión, sicariato, secuestro, robo agravado y feminicidio agravado. Entre ellos destacan:
Ricardo Erasmo Carrasco Sánchez, de Los Gatilleros del Callao; Darwin Jhonatan Zapata Carrillo, de Los Boca Seca de Bellavista (cadena perpetua); Fernando Gary Jara Saona, de Los Malditos de Simón Bolívar; Neil Armstrong Abad Mogollón, cabecilla de Los Pumas de Paita. Además de otros internos de nacionalidad venezolana y peruana con sentencias por delitos graves.
RIESGO ALTENTE
La Resolución Directoral N.° 014-2025-INPE/DISEPE precisó que la permanencia de estos internos en Cajamarca representaba un grave riesgo de seguridad para la población penitenciaria, el personal de resguardo y las propias instalaciones.
El director de Seguridad Penitenciaria del INPE, Alex Samamé Peña, indicó que el traslado fue una medida inmediata frente al motín, con el fin de contrarrestar posibles actos ilícitos organizados desde el interior del penal.
Por su parte, Iván Paredes Yataco aseguró que el INPE continuará ejecutando traslados y acciones firmes contra los privados de libertad que vulneren la seguridad penitenciaria y desafíen el principio de autoridad.
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