El Gobierno aprobó el Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028, una medida orientada a enfrentar la sobrepoblación en los centros penitenciarios del país. La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 0203-2026-JUS, publicada en una edición extraordinaria de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), se enmarca en la Política Nacional Penitenciaria al 2030 y tiene como objetivo reducir progresivamente el hacinamiento, fortalecer el orden y la seguridad en los penales, así como mejorar las condiciones de vida de la población penitenciaria.
El líder de Partido Buen Gobierno afirmó que no puede ignorar los vínculos políticos que existen del Movadef y, por consiguiente, Sendero Luminoso, en la coalición de Roberto Sánchez.
De acuerdo con la norma, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y la Dirección de Gracias Presidenciales deberán coordinar las acciones necesarias para ejecutar el plan. Asimismo, la Dirección de Política Criminológica será la encargada de supervisar y monitorear su implementación.
Entre las principales medidas contempladas figura la evaluación de mecanismos legales que permitan la salida de internos condenados por delitos de menor gravedad, siempre bajo revisión del Poder Judicial y de las autoridades penitenciarias. El plan también considera beneficios penitenciarios, redención de penas, conmutaciones, traslados y otros procedimientos establecidos por ley.
El ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra, ha señalado previamente que la estrategia no implica la liberación de delincuentes peligrosos. Según explicó, el proceso estará focalizado en casos específicos y buscará garantizar la seguridad ciudadana mientras se reduce la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios.
Como parte de la implementación, el INPE deberá elaborar en un plazo de 15 días hábiles instrumentos técnicos y mecanismos de reporte que permitan evaluar los avances del plan. Además, se promoverán alianzas estratégicas para ampliar la cobertura de servicios de orientación, asistencia y patrocinio legal para la población penitenciaria.
La estrategia también contempla acciones complementarias para reforzar la infraestructura penitenciaria. Entre ellas figura la culminación y ampliación de establecimientos penitenciarios en ciudades como Abancay, Iquitos, Arequipa y Pucallpa, con el fin de incrementar la capacidad de albergue en el sistema carcelario nacional.
Con la aprobación del Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028, el Ejecutivo busca atender uno de los principales problemas del sistema penitenciario peruano. Las autoridades sostienen que una reducción ordenada de la sobrepoblación permitirá mejorar el control interno de los penales, fortalecer los procesos de reinserción social y garantizar condiciones más adecuadas para las personas privadas de libertad.
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