Una ola de indignación sacude a la región tras la cuestionada decisión del Ministerio Público de poner en libertad a Alfredo Arturo Bon Blas (46), funcionario del Gobierno Regional de Loreto, quien agredió violentamente a un efectivo policial en una sede de flagrancia.
Pese a que el ataque quedó registrado en video y el examen de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 2 gramos de alcohol por litro de sangre, la fiscalía permitió que el agresor abandonara la dependencia policial.
La medida contra el renunciante jefe de la ONPE fue anunciada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. El Poder Judicial tiene la última palabra.
Los hechos se desencadenaron cuando Bon Blas, natural de Trujillo y quien se desempeñaba como gerente regional de Producción, fue intervenido bajo evidentes signos de ebriedad.
Al ser trasladado al Policlínico Policial para el dosaje etílico de ley, el funcionario reaccionó de forma criminal.
Según las imágenes de seguridad y testimonios del lugar, el detenido sujetó de la cabeza al suboficial de tercera Jean Pierre Reátegui Tafur y le propinó rodillazos en el rostro.
El impacto fue tan severo que le provocó una fractura en el tabique nasal, lesión que requerirá una intervención quirúrgica inmediata para que el agente pueda recuperar su capacidad respiratoria.
Una liberación que genera sospechas
La controversia recae sobre la fiscal adjunta provincial de Maynas, Katherine Melissa Gonzáles Cahuaza, quien dispuso la liberación inmediata de Bon Blas.
Esta resolución ha causado indiganción en la ciudadanía, dado que el Código Penal tipifica la conducción en estado de ebriedad y la violencia contra la autoridad como delitos graves, agravados aún más por las lesiones físicas causadas.
"Es una humillación para mi hijo, para nuestra familia y para toda la Policía Nacional. ¿Cómo es posible que con videos y un tabique roto dejen libre al agresor?", cuestionó con impotencia la madre del suboficial afectado.
La familia del agente Reátegui Tafur ha denunciado que esta decisión fiscal sienta un precedente de impunidad, sugiriendo un posible trato de favor hacia el funcionario del GORE Loreto.
El suboficial permanece bajo cuidados médicos a la espera de cirugía.
Se ha solicitado una auditoría urgente sobre la actuación de la fiscal Gonzáles Cahuaza para determinar por qué no se solicitó la prisión preventiva ante un caso de flagrancia evidente.
Mientras tanto, el Gobierno Regional de Loreto no se pronuncia sobre la situación administrativa de Bon Blas, cuyo comportamiento ha sido calificado como inaceptable para un servidor del Estado.
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