El Ministerio Público inició una investigación preliminar por el presunto delito de trata de personas en el caso de ciudadanos peruanos que fueron trasladados a Rusia bajo circunstancias sospechosas.
La pesquisa busca determinar si los connacionales fueron captados mediante engaños —principalmente falsas ofertas laborales— y posteriormente trasladados al extranjero en condiciones de vulnerabilidad.
Entre las diligencias preliminares se efectúa la toma de declaraciones testimoniales, el requerimiento de información al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Superintendencia Nacional de Migraciones, así como la ejecución de todas aquellas acciones necesarias, útiles y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. Estas actuaciones se realizan en coordinación con la División de Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú.
Asimismo, la fiscal superior Rocío Gala Gálvez, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, forma parte de un grupo de trabajo ad hoc que está integrado por representantes del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Trabajo, entre otras entidades, con el objetivo de articular y dar seguimiento a las acciones interinstitucionales frente a esta problemática que afecta a ciudadanos peruanos en Rusia, cuya situación actual es aún incierta.
De acuerdo con las denuncias de sus familiares, decenas de peruanos habrían sido reclutados con promesas de empleo bien remunerado en territorio ruso, incluyendo trabajos como seguridad o servicios generales. Sin embargo, al llegar, varios habrían sido enviados a zonas vinculadas al conflicto entre Rusia y Ucrania.
Esta presunta presunta red habría captado a más de un centenar de ciudadanos, muchos de ellos provenientes de Lima y otras regiones, mediante anuncios en redes sociales con ofertas de sueldos de hasta 4.000 dólares mensuales.
Víctimas, fallecidos y desaparecidos
El caso ha escalado en gravedad tras conocerse que al menos ocho peruanos han fallecido y varios más permanecen heridos o desaparecidos en el extranjero, según denuncias de familiares y abogados.
Al menos 73 ciudadanos continúan desaparecidos, lo que ha generado alarma nacional y pedidos urgentes de intervención del Estado para ubicar a los afectados.
Familiares de las víctimas han denunciado que muchos de los reclutados no tenían experiencia militar y fueron enviados directamente a zonas de combate, lo que refuerza la hipótesis de trata de personas con fines de explotación en contextos de guerra.
Ante la magnitud del caso, la Fiscalía ha iniciado diligencias para identificar a los responsables, incluyendo posibles intermediarios y redes criminales que operarían a nivel internacional.
En paralelo, la Cancillería ha sido instada a intervenir para conocer el paradero de los ciudadanos y gestionar su eventual repatriación, en medio de crecientes denuncias y presión de familiares.
Especialistas advierten que este caso podría configurar un delito de trata de personas agravado, debido al uso de engaño, traslado internacional y exposición de las víctimas a situaciones de alto riesgo, como conflictos armados.
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