En el papel decía no tener nada. Ni ahorros, ni inversiones, ni dinero guardado. Pero en los bancos la historia era otra: depósitos a plazo fijo que llegaron hasta los S/ 400 mil.
Esa contradicción terminó por hundir a Máximo Sánchez, exgeneral de la Policía Nacional del Perú, hoy condenado por enriquecimiento ilícito.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú sostuvieron que la patrulla fue atacada por presuntos integrantes de redes ligadas al narcotráfico y que la respuesta se dio en legítima defensa.
La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro consiguió una sentencia de cinco años de pena privativa de libertad suspendida, con un periodo de prueba de cuatro años. Además, el exoficial fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante un año.
Durante el juicio, el Ministerio Público demostró que entre 2010 y 2015 Sánchez incrementó de manera ilegal su patrimonio en S/ 250,190.56, mientras ocupaba cargos de mando en zonas estratégicas como el Vraem, el Huallaga y la Región Policial Junín.
En sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República, el oficial afirmaba bajo juramento no poseer ahorros ni inversiones para intentar evadir el control estatal sobre su fortuna real.
La pieza clave del caso fue una pericia financiera que detectó movimientos bancarios incompatibles con los ingresos declarados por el entonces alto mando policial. Pese a ello, en los documentos entregados a la Contraloría General de la República, consignó no tener bienes líquidos ni inversiones.
Para la Fiscalía, Sánchez no logró sustentar el origen legal del dinero ni probar que se tratara de ahorros familiares o producto de una vida austera.
La sentencia también ordenó el pago de S/ 300,190.56 por reparación civil, monto que incluye la devolución del dinero obtenido ilícitamente y una compensación por el daño causado a la imagen del Estado.
Con este fallo en primera instancia, el Ministerio Público remarcó que continuará persiguiendo casos de corrupción en los niveles más altos de la administración pública.