Un nuevo golpe a la imagen de la Policía Nacional del Perú. El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra tres efectivos de la PNP, acusados de presuntos delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y robo agravado, en agravio de una ciudadana, tras un requerimiento presentado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte (Primer Despacho).
Operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía permitió incautar cinco fusiles, municiones y dinamita durante la operación “Triunfo”.
La medida alcanza al alférez PNP Junior Mauricio, quien prestaba servicios en la comisaría de Chaclacayo, así como a los suboficiales Marcelo Benavides y Neil Rafael, ambos integrantes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres.
De acuerdo con la investigación fiscal, los agentes habrían realizado una intervención irregular dentro de un hospedaje, donde se encontraban ciudadanos extranjeros, aprovechándose del estado de emergencia decretado por el Gobierno para ejecutar acciones fuera del marco legal.
Según la tesis del Ministerio Público, los policías exigieron dinero a las personas intervenidas a cambio de no detenerlas, incurriendo presuntamente en actos de corrupción vinculados al ejercicio de la función policial.
La Fiscalía también atribuye a los investigados haberse apropiado de manera violenta de importantes sumas de dinero y diversos bienes hallados en el interior del inmueble intervenido. Posteriormente, los agentes habrían trasladado a las personas retenidas hasta la sede del Depincri de San Martín de Porres, con el objetivo de dar apariencia de legalidad al procedimiento.
Estos hechos, según el requerimiento fiscal, configuran graves indicios de comisión de delitos, motivo por el cual se solicitó la prisión preventiva para garantizar la presencia de los imputados durante el proceso judicial y evitar riesgos de fuga u obstrucción a la justicia.
Tras evaluar los elementos presentados por la Fiscalía Anticorrupción, el Poder Judicial consideró que existen fundados y graves elementos de convicción, así como peligro procesal, y decidió imponer la medida de prisión preventiva por un periodo de 18 meses mientras continúan las investigaciones.
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