Una nueva operación contra la minería ilegal dejó más de S/540,000 en infraestructura destruida en el sector Pueblo Nuevo, provincia de Pataz.
La acción, denominada “Martillo N°1”, permitió ubicar y desactivar una planta de procesamiento clandestina que operaba sin registro en Reinfo y que funcionaba como centro de acopio y chancado de material polimetálico. En el lugar también se detuvo a ocho personas.
Representantes de diversos sectores productivos apoyaron lo declarado por el canciller Hugo de Zela.
En el lugar se halló una chancadora valorizada en S/120,000, tres fajas transportadoras, 720 sacos de mineral, tanques IBC, compresoras de aire, generadores, balanzas y otros equipos usados para la extracción y procesamiento ilegal. Todo fue destruido en el mismo punto, conforme a protocolo.
La intervención se realizó con presencia de representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Ministerio de Energía y Minas y Sucamec, quienes confirmaron que la planta operaba sin permisos y abastecía a redes dedicadas a la minería criminal que funcionan en zonas de difícil acceso.
Este golpe se suma a una serie de intervenciones realizadas durante el Estado de Emergencia, periodo en el que la minería ilegal ha sufrido pérdidas superiores a los S/246 millones, afectando directamente su capacidad logística y operativa.
En Pueblo Nuevo, los equipos destruidos formaban parte de un circuito que abastecía a plantas clandestinas móviles y campamentos ilegales dedicados al acopio de material de alto valor.
Las operaciones continuarán en los anexos de Pataz, donde aún persisten estructuras ocultas en quebradas y zonas de cerros utilizadas por redes vinculadas al crimen organizado.
FIRME PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército David Ojeda Parra, destacó que operaciones como “Martillo N°1” consolidan el control territorial en zonas tomadas por economías ilícitas.
“En Pataz continúa firme la presencia del Estado. Durante el Estado de Emergencia hemos generado más de S/246 millones en pérdidas para estas economías ilegales. Nuestras fuerzas, con apoyo de Fiscalía, Sunat, Minem y Sucamec, actuamos con transparencia, profesionalismo y respeto a los Derechos Humanos”, señaló.
Las fuerzas del orden anunciaron que seguirán ejecutando operaciones integradas y sostenidas para reducir la minería ilegal, desarticular redes criminales y proteger a las comunidades afectadas por la violencia, la depredación ambiental y la informalidad.
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