Una grave crisis de violencia sexual contra la niñez indígena sacude la provincia de Condorcanqui, en Amazonas. Según el Consejo de Mujeres Awajún y Wampis Umukai Yawi (Comuawuy), más de 800 casos de violación sexual contra niños, niñas y adolescentes de los pueblos awajún y wampis han sido denunciados, principalmente en el distrito de Nieva.
Vocero de la entidad aseguró que "nos queda un mes y medio de ocurrencia de precipitaciones".
Sin embargo, advierten que la cifra real podría ser mucho mayor, ya que no incluye casos de los distritos de Cenepa y Santiago ni aquellos que nunca llegan a denunciarse.
Las lideresas indígenas viajaron a Lima para alertar sobre la falta de respuesta del Estado frente a esta situación. Rosemary Pioc, presidenta del Comuawuy, señaló que muchas víctimas enfrentan embarazos adolescentes y, en algunos casos, contagio de VIH, lo que agrava la vulnerabilidad de las menores en una zona donde el acceso a servicios de salud es limitado.
Las defensoras también denunciaron la falta de personal especializado en instituciones clave. En el sector salud, por ejemplo, solo habría una psicóloga para atender a todas las víctimas en la provincia. A ello se suma el desabastecimiento de medicamentos, incluidos antirretrovirales y kits de emergencia que deben aplicarse en las primeras 48 horas tras una agresión sexual.
El acceso a la justicia también enfrenta serias barreras. A finales de 2025 se retiró a profesionales de fiscalías y defensores públicos en los distritos de El Cenepa y Río Santiago, lo que dejó a muchas comunidades sin atención legal. Aunque tras protestas de las lideresas se logró reactivar algunas fiscalías especializadas en violencia contra la mujer, las defensoras advierten que el sistema sigue siendo insuficiente.
Otro problema crítico es la falta de intérpretes en lenguas awajún y wampis, lo que impide que muchas víctimas puedan denunciar. “Los niños llegan desde comunidades lejanas y solo hablan su lengua materna. Si no hay quien los entienda, no pueden acceder a la justicia”, señalaron.
Ante la ausencia del Estado, 17 defensoras del Comuawuy acompañan de manera voluntaria a las víctimas y gestionan refugio en la Casa del Buen Vivir de las Mujeres, un espacio temporal creado por la organización para proteger a niñas y adolescentes en riesgo. Sin embargo, esta labor las expone a amenazas de muerte, ya que muchas veces enfrentan a agresores dentro de sus propias comunidades.
Organizaciones de derechos humanos advierten que la situación refleja un problema estructural marcado por abandono estatal, racismo, falta de servicios básicos y ausencia de políticas interculturales para proteger a la niñez indígena en la Amazonía peruana.
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