De alguna u otra manera tenemos que reconocer que la minería ilegal (es decir, la minería que se realiza en zonas prohibidas, así como aquella minería que invade concesiones y/o compra producción robada que luego es camuflada a través del Reinfo) tiene cierta legitimidad en los lugares donde se realiza, no obstante el tremendo daño ambiental y los profundos impactos sociales en estas zonas. Comunidades nativas o indígenas y hasta ronderos participan en la larga cadena de la minería ilegal sin que se les mueva un pelo.
“El oro no es cocaína” se suele decir, y ello es cierto, pero semejante premisa no puede servir para proponer políticas públicas que no vayan al centro del problema, sino solo a las consecuencias. En otras palabras, que “el oro no sea cocaína” no significa que debamos cerrar los ojos frente a lo que sucede y “echarle tierra” o hacernos los tontos.
La minería ilegal e informal (cada una de ellas distintas, ojo, pero que muchas veces se juntan) son industrias con cadenas altamente competitivas y proactivas que tienen financiamiento, proveedores, asesores, estudios de abogados, profesionales y un largo etcétera de elementos en su cadena de negocio. Y muchas veces estos “elementos” son absolutamente formales y legales. ¿A qué voy? A que debido a las altas ganancias que producen la minería ilegal y la informal, hay ciertos “elementos” a quienes no les hace ningún problema establecer negocios o hacerse de la vista gorda (como se suele decir) con dichas industrias.
Así como en la política hay ciertos congresistas que avalan y desarrollan estrategias que amparan la minería informal e ilegal con normas y prerrogativas legales, en una parte del mundo empresarial hay también algunos a los que, con tal de facturar y liquidar, no se les hace ningún problema tener vínculos con ese mundo ilegal e informal. Esa relación es —evidentemente— a través de terceros o de manera indirecta.
Incluso, la hipocresía llega a tales niveles que algunos empresarios que dicen luchar contra la industria ilegal y la informal acuerdan compras y ventas de maquinarias, equipos, material logístico, entre otros.
Asimismo, en la propia vida social y de relacionamiento público tampoco es que haya una “sanción social” firme y decidida contra algunos mineros que se dedican a actividades grises, porque existe ese “pacto infame de hablar a media voz”. Mientras, por un lado, se dice luchar contra la ilegalidad, por el otro son parte de los brindis y cocteles. Es la seducción del dinero que los vuelve “laxos” y “comprensivos”.
Si no existe una sanción social contra aquellos que se dedican a la minería ilegal o informal, entonces este país está rumbo a un camino del que le será difícil salir.