El sistema de pensiones en el Perú ha enfrentado históricamente dos problemas centrales: la cobertura insuficiente y la baja suficiencia de las pensiones otorgadas. La cobertura se refiere a la cantidad de personas que efectivamente están afiliadas y logran acceder a una pensión al momento de jubilarse o enfrentar una discapacidad. Actualmente, el 65.3% de la población en edad laboral no está afiliada a ningún sistema previsional (INEI, 2024), una cifra alarmante que evidencia la exclusión de amplios sectores. Ya el Tribunal Constitucional (TC), en su sentencia N.o 1417-2005-PA/TC, había señalado que el derecho a la pensión implica el acceso a un sistema de pensiones.
Por otro lado, la suficiencia indica qué tanto reemplaza el monto de la pensión al ingreso previo del trabajador. Hoy muchos pensionistas reciben sumas que no garantizan un ingreso vital digno. Aunque se exija una pensión mínima para todos los regímenes (sentencia N.o 0009-2015-PI/TC) y avances puntuales, en el régimen pesquero (Ley N.o 31728 y Decreto Supremo N.o 187-2023-EF), el reto continúa vigente.
Frente a esta problemática, la reciente reforma representada por la Ley N.o 32123, que crea el Sistema Integral Previsional Peruano (SIPP), configura un cambio significativo. Se busca articular los dos principales regímenes: el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la ONP, y el Sistema Privado de Pensiones (SPP), gestionado por las Empresas Administradoras de Fondos (EAF). Ahora estarán vinculados mediante unidades de aportes y mecanismos complementarios de prestaciones, e incluso se coordinarán con programas no contributivos, como Pensión 65 y Contigo, pensados para personas en pobreza.
¿Cómo impacta este nuevo modelo en los problemas históricos? Primero, en la cobertura. Se apuesta por la universalización de la afiliación, extendiendo la obligación de afiliarse no solo a quienes trabajan formalmente (planilla), sino a toda persona desde los 18 años. Dada nuestra realidad laboral, donde casi el 71% de la población enfrenta alguna forma de informalidad (INEI, 2024), esta medida amplía el acceso y logra que más personas tengan la oportunidad de cotizar y acceder a una pensión.
En cuanto a la suficiencia, también hay avances. Independientemente del régimen elegido, el trabajador podrá aspirar a una pensión mínima, un piso básico subsidiado para garantizar un ingreso en la vejez. Por primera vez, este beneficio se extiende también al régimen privado, un hito que contribuye a la protección social.
Si bien el SIPP no resuelve todos los desafíos, representa un paso sustancial para acercar los beneficios a la ciudadanía y avanzar hacia un futuro donde las pensiones sean un derecho real y efectivo para todos. Este es solo el inicio de un camino que debe continuar con voluntad política, supervisión efectiva y educación previsional, para que más peruanos puedan jubilarse con bienestar. En ese esfuerzo común está la esperanza de lograr más y mejores pensiones para todos.