El artículo 14 de nuestra Constitución especifica claramente que los ciudadanos no le deben obediencia a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. Además, en esos casos faculta a la población el derecho a la insurgencia en defensa del orden constitucional.
Lo más importante de este artículo constitucional es que es taxativo en afirmar que son nulos los actos de quienes usurpen funciones públicas, como ha sucedido con esta resolución espuria de la Junta Nacional de Justicia que, contraviniendo sus propios procedimientos sancionatorios, ha impuesto la suspensión de la fiscal de la nación, Delia Espinoza, inclusive desacatando una resolución del propio Tribunal Constitucional que objeta los procedimientos exprés.
Entonces, en este momento, la JNJ ha expuesto su legitimidad; por ende, no se debería aceptar una resolución de esta naturaleza debido a todas las violaciones a la ley cometidas por su presidente, que está sentenciado por violentar a su propia familia, y por una magistrada que defiende los intereses políticos de un partido que está sindicado como organización criminal y cuyo líder ha logrado salvarse de la cárcel por la inmunidad que tiene como congresista.
La resolución emitida por la JNJ es ilegal debido a que los argumentos que la sustentan son jurídicamente inviables. Para empezar, tiene que justificar por qué se ha separado al magistrado Francisco Távara de la votación y si han facilitado la abstención de la votación de María Teresa Cabrera para consumar la infamia. Esta resolución debería mostrar los dos votos en discordancia con sus argumentos jurídicos y, además, se debe notificar la resolución completa, no solo con la parte que les interesa notificar.
Es tan burda esta movida de las mafias de la política que se hace evidente que es un plan orquestado por estos delincuentes con poder que, como todo hampón, tratan de consumar una venganza contra la fiscal que los ha estado denunciando, persiguiendo el delito en cumplimiento de su responsabilidad constitucional. Cómo puede ser posible que una fiscal sin antecedentes de corrupción y mucho menos de narcotráfico deba ser suspendida, todo por no cederle el puesto a Patricia Benavides, que está acusada de corrupción y que pretendió proteger a la hermana juez que liberaba narcos convictos y confesos.
Por eso, nos toca a la ciudadanía manifestarnos como se ha hecho este fin de semana. Es momento de salir a las calles a levantar nuestra voz de protesta contra las mafias que han tomado el país y están buscando destruir todo el sistema de justicia para buscar impunidad.
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