En los primeros días de julio se han publicado tres reportes clave que merecen nuestra atención para comprender con mayor claridad los desafíos de nuestro país. Son documentos distintos, pero que dialogan entre sí y que si bien no traen sorpresas sí recogen evidencias recientes, aportan marcos conceptuales útiles, ponen alertas que no podemos ignorar, e invitan a tener conversaciones más informadas sobre los asuntos públicos.
Empecemos con el Informe de Human Rights Watch, titulado “Legislar para la impunidad”, que documenta cómo, entre 2023 y 2024, el Congreso y el Ejecutivo no solo han sido ineficaces frente al crimen organizado, sino que más bien han generado condiciones para su expansión. El estudio alerta que el Congreso ha socavado la capacidad del Estado para investigar redes criminales y que el Ejecutivo ha declarado reiteradamente estados de emergencia como principal medida de seguridad, pese a que esto no ha tenido resultados efectivos y que significa suspender derechos constitucionales. Aquí se denuncia cómo se legisla y gobierna por encima del interés público y la institucionalidad, y se advierte que sin instituciones independientes ni enfoque de derechos humanos el crimen seguirá ganando terreno.
El Informe de Desarrollo Humano del PNUD para el Perú 2025, titulado “Actuar, confiar y conectar caminos”, presenta un diagnóstico amplio del desarrollo humano en el país, sus avances y sus brechas, con énfasis en cómo la desconfianza y la desconexión entre ciudadanía y el sistema político debilitan la gobernabilidad democrática. Nos recuerda que el país ha logrado avances notables en crecimiento económico y reducción de pobreza, pero advierte que esos logros no han venido acompañados de gobernabilidad. Destaca que la desconfianza interpersonal continúa siendo el núcleo de las relaciones sociales en Perú y que la desconfianza institucional dificulta la cooperación y diálogo necesarios para impulsar el desarrollo del país. Muchas personas sienten que el Estado no las representa, ni atiende sus necesidades socioeconómicas individuales y de sus familias. Por ello, el informe propone un círculo virtuoso entre legitimidad democrática, cooperación ciudadana y efectividad estatal para un desarrollo verdaderamente humano.
Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 2024 (ENARES) del INEI en coordinación con el MIMP, ofrece datos sobre la violencia que persiste y se tolera en nuestra sociedad. Los hallazgos de la violencia contra las mujeres; y contra niñas, niños y adolescentes son dolorosos. En los últimos 12 meses, cinco de cada diez niñas y niños de 9 a 11 años de edad experimentaron violencia psicológica o física ejercida por los padres o quienes hacen sus veces. Un dato alarmante es la tolerancia social: un 56.5% de hombres justifica la violación sexual contra las mujeres, un 75.7% de la población tolera la violencia hacia las mujeres y un 71.3% aprueba actitudes sexistas. La encuesta ofrece evidencia para construir políticas públicas preventivas y de protección más efectivas.
Estos tres informes nos muestran un retrato incómodo del país: la violencia y el debilitamiento del vínculo entre ciudadanía, instituciones y Estado. Evidencian un Estado débil frente al crimen; una desconfianza que frena el desarrollo; y una sociedad en la cual la violencia se justifica, pero también nos revela lo que urge hacer como recuperar la confianza, fortalecer las instituciones y generar conciencia sobre la necesidad de transformar normas culturales y prácticas que perpetúan y toleran la violencia.
Por ello, en esta columna, suelo dedicar espacio para compartir reportes y encuestas porque en tiempos de polarización y apatía revisar estos informes no es un privilegio técnico sino un hábito ciudadano para conversar mejor informados sobre la democracia y el desarrollo y porque puede ayudarnos a construir mejores diagnósticos y soluciones desde la ciudadanía.
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