A pesar de sus limitaciones, hay un factor que ha permitido que la economía peruana se distinga de la mayoría de las de la región y gane reconocimiento internacional: la gestión responsable y sostenible de su política fiscal. Junto con la conducción altamente profesional de la política monetaria, esto ha hecho posible que el Perú enfrente crisis políticas graves y recurrentes manteniendo una estabilidad económica relativamente sólida.
Sin embargo, en los últimos cinco años se ha evidenciado un debilitamiento en el compromiso del Ejecutivo con la disciplina fiscal, junto con un Congreso que de forma reiterada aprueba normas que incrementan el gasto público. Esta situación se ve agravada por una muy cuestionada sentencia del Tribunal Constitucional de 2022, la cual establece que la restricción al Congreso para proponer gasto solo rige para el año vigente y no para los siguientes. Esta interpretación está claramente reñida con el sentido común y con el principio que dicha norma pretende proteger.
De este modo, desde el Congreso se han impulsado propuestas como la ley que dispone el nombramiento automático de docentes interinos, la que otorga el bono de reconocimiento a los afiliados de la ONP, la que permite deducir gastos en educación, salud y otros al calcular el impuesto a la renta, la que reduce el IGV para los centros de belleza, entre muchas más.
Por otro lado, desde el propio Ejecutivo también se han promovido medidas como la aprobada el año pasado, que disminuye el IGV en dos puntos porcentuales para trasladarlos al impuesto de promoción municipal. Aunque, en su momento, el MEF haya intentado justificar lo contrario con distintos argumentos, resulta claro que esta norma generará déficit, ya que será muy difícil que el Ejecutivo recorte su gasto en la misma magnitud en que disminuirán sus ingresos.
Para agravar esta situación, recientemente se aprobaron en el Congreso dos iniciativas que tendrán un masivo impacto en las finanzas públicas. Por un lado, está la ley que otorga compensación por tiempo de servicios (CTS) y gratificaciones a los trabajadores en la modalidad CAS (contrato administrativo de servicios). Y, por otro lado, está la que plantea una serie de cambios en la Caja Militar Policial.
Respecto de la primera, debemos tener en cuenta que el régimen CAS ya no es una excepción en el Estado. Por el contrario, hoy unos 360,000 trabajadores están contratados bajo esta modalidad, y la tendencia es creciente. Por ello, según estimaciones del propio MEF, otorgar CTS y gratificaciones a este grupo tendrá un costo estimado de S/3,000 millones.
Cabe recordar que, aunque este esquema se creó para posiciones que cumplirían roles acotados en el tiempo, en la práctica el CAS ha terminado convirtiéndose en una ampliación de la planilla estatal. Ello terminó de consolidarse con esta reciente ley. A este paso, no sería extraño que pronto nos enfrentemos a iniciativas para brindar estabilidad laboral total para este régimen.
De otro lado, la iniciativa que introduce cambios en la Caja Militar Policial puede tener impactos aún mayores. Entre varias otras cosas, la ley introduce un concepto muy peligroso: la indexación de las pensiones de retirados a los sueldos de los activos. Es decir, que si las remuneraciones de diferentes niveles de policías y militares suben, las pensiones de sus equivalentes retirados también deben subir. Es decir, se abre una ventana para un incremento permanente del gasto previsional del Estado. En el largo plazo, el MEF estima un costo fiscal de S/3,800 millones.
En resumen, las dos leyes aprobadas generarán un forado de casi S/7,000 millones en el fisco, los que tendrán que financiarse recortando el gasto para otros sectores o (lo más probable) incrementando el déficit y, por tanto, la deuda pública.
Con esta tendencia, no es extraño que hayamos incumplido la regla fiscal —que determina un nivel máximo para el déficit anual— en 2023 y 2024, y que en 2025 hayamos estado a nada de infringirla, con un resultado negativo del 2.2% del PBI.
De seguir en esta senda, muy pronto habremos destruido una de las pocas cosas que permiten al Perú, con todas sus dificultades, evitar el abismo. Tengámoslo en mente este 12 de abril.