En este ciclo electoral deberíamos discutir algo que hoy casi nadie está mirando: cómo gobierna el Estado peruano sus sistemas digitales. Sin esa conversación, seguimos entrando a ciegas a una vulnerabilidad que no es tecnológica, sino política.
Hoy, decisiones sensibles —la asignación de bonos, el control migratorio, la vigilancia policial, el filtrado de riesgos en salud— dependen de algoritmos que nadie audita. Según la OCDE, los sistemas automatizados mal gobernados aumentan el riesgo de sesgos, discriminación y abuso estatal (“OECD Principles on AI”, 2019). Y en América Latina, solo tres países realizan evaluaciones previas de impacto algorítmico (CAF, 2023). El Perú no está entre ellos.
Ese vacío es una invitación para la corrupción. Donde no hay reglas, aparece la discrecionalidad: accesos indebidos a bases de datos, vigilancia selectiva a opositores, automatización de trámites sin posibilidad de apelación y modelos que reproducen desigualdad. No es ciencia ficción: lo muestran casos documentados en Países Bajos (escándalo SyRI, 2020) o Reino Unido (examen algorítmico A-levels, 2020).
El país necesita dos reformas urgentes: evaluaciones de impacto en derechos antes de desplegar cualquier sistema digital o de IA en el sector público. Y mecanismos obligatorios de transparencia, apelación y reparación cuando una decisión automatizada afecte a un ciudadano.
La integridad pública ya no depende solo de licitaciones limpias o funcionarios probos. Depende también de la arquitectura tecnológica que sostiene al Estado. Si no gobernamos esa capa invisible, la corrupción del siglo XXI no vendrá con maletines, sino con código.
Es momento de exigir un Estado 3.0 con límites, auditoría y rendición de cuentas. Porque la democracia también se juega en los algoritmos.