Un nuevo derrame de crudo proveniente de uno de los pozos que están a cargo de Petroperú se produjo esta semana en el distrito de Lobitos, en Talara. Fue esta vez en Las Capullanas, una concurrida playa de la zona. Y ocurre apenas siete meses después de otro de mayor magnitud, producido en el mismo lugar y por la misma empresa estatal.
Extraña, sin embargo, que, a diferencia de lo que sucede cuando un incidente similar involucra a alguna empresa privada –rápidamente se encienden los focos de vigilancia, con exigencias de sanción e indemnización de organismos fiscalizadores, ONG ambientalistas, etcétera– en este caso, el mutismo parece ser la actitud dominante entre las otrora ruidosas agrupaciones ecologistas. Y apenas si se han emitido tenues comunicados, casi a media voz, desde las entidades supervisoras de Petroperú. Todos relativizando el daño, claro.
Y sobre este episodio es que el alcalde de Lobitos, Ricardo Bancayán, exigió una intervención urgente, acusando a la empresa estatal, incluso, de ocultar información. “Dos kilómetros de nuestras quebradas en camino hacia la playa han sido afectados. Ya hemos presentado al OEFA-Talara la denuncia correspondiente”, anunció indignado.
La Fiscalía ya puso en marcha una investigación, pero el derrame vuelve a recordarle a los peruanos un tema que no por haberse discutido hasta el cansancio, ha perdido gravedad.
Esta marea negra es solo una de las manifestaciones, pues, de la crisis profunda en que hace años está hundida la emblemática petrolera, arrastrando deudas millonarias, que los contribuyentes terminamos pagando de nuestros bolsillos. Porque los reiterados pedidos de apoyo financiero a las autoridades de ‘papá gobierno´ son atendidos siempre, o casi siempre, a costa del erario. Sean cual fuesen las vías escogidas por las que transitan los dineros que van a perderse en ese costoso barril sin fondo que es Petroperú
Una presteza explicable, ciertamente, por afinidades ideológicas con un estatismo que las economías modernas abandonaron hace décadas. Quienes toman estas decisiones sobre el presupuesto nacional les importa un comino de dónde sale y lo que cuesta generar esa liquidez que tan alegre e irresponsablemente transfieren desde el Estado. Miles de millones de dólares gastados en una entidad pública que sobrevive como una suerte de empresa zombie, para beneficio exclusivo de sus burócratas y ejecutivos (nombrados todos desde el cogollo palaciego, cómo no).
Derrames de crudo en concurridas playas norteñas, derrame de lágrimas de los pobladores, contaminación letal, incompetencia… ¿Hasta cuándo seguirá pagando el país los estropicios de Petroperú?