Si acaso hay algo que logra aglutinar voluntades en este Congreso profundamente atomizado, es, además de una vocación populista, un afán por relajar estándares, transar con la informalidad y favorecer intereses privados y gremiales. Lo vimos en el transporte (al prófugo exministro Juan Silva le permitieron patrocinar la agenda de los transportistas informales durante siete meses) y en la minería (aprobaron ampliar hasta el 2024 la vigencia del proceso de formalización de los mineros informales a costa de la depredación de los ecosistemas y de la explotación humana). En educación han venido avanzando, imperturbables, una agenda que busca desandar la reforma universitaria y menoscabar el rol de la Sunedu, organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley Universitaria. Esta semana, finalmente, lograron lo que ningún otro Congreso había logrado desde que la reforma de la educación superior se inició en el 2014: desdentar a la Sunedu.