El Perú tiene 16 feriados nacionales no laborables, una cifra alta para la región. A esto se suman 30 días calendario de vacaciones anuales para los trabajadores formales, también bastante generoso comparativamente, y 14 sueldos al año, gracias a las gratificaciones obligatorias en julio y diciembre. Bastante superior a países como Chile, Colombia o México. En el contexto de una economía formal, esta situación podría ser sostenible, pero al coexistir con una informalidad laboral superior al 70%, es evidente que beneficia solo a una minoría de trabajadores.
En un país donde la mayoría no está en planilla ni tiene contrato, el feriado no representa descanso pagado, sino un día en que los informales mermarán sus ingresos o no los tendrán. Para ellos los feriados son más un obstáculo que un beneficio: baja la actividad económica, disminuyen las ventas y se interrumpe el flujo de ingresos. En el Estado se impulsan feriados largos para fomentar el turismo interno, lo que ayuda a sectores como el turismo y el gastronómico, pero otros, como la construcción, la industria, o el comercio minorista, pierden productividad. Asimismo, millones siguen trabajando igual, sin ningún tipo de compensación.
Estos beneficios incentivan la informalidad. Contratar formalmente implica no solo cumplir con salarios y aportes, sino también pagar feriados no laborados y asumir vacaciones completas. Si a eso le sumamos las gratificaciones y las contribuciones sociales, el empleo formal se vuelve costoso. Y en un entorno de baja productividad como el peruano, muchas empresas —especialmente las micro y pequeñas— simplemente no pueden asumir ese costo. El resultado: evitan formalizarse y perpetúan el círculo de la informalidad.
En países con mayor productividad y cobertura formal, como Uruguay o España, estos esquemas son sostenibles. Pero en el Perú, replicar ese estándar sin un entorno que lo soporte termina excluyendo a millones. La paradoja es clara: mientras más beneficios se concentran en un régimen laboral rígido y caro, menos trabajadores pueden acceder a él.
¿La solución? No pasa por quitar derechos, sino por diseñar un sistema laboral más flexible, gradual y realista. Se podría revisar el número de feriados obligatorios, establecer fórmulas más adaptables para el pago de días no laborados, o permitir la distribución escalonada de las vacaciones. En países como el Perú, con baja productividad y alta informalidad, este tipo de flexibilización incentivaría la formalización sin eliminar derechos. En paralelo, habría que premiar la formalización con incentivos concretos, y no con más cargas.
El descanso es un derecho legítimo, pero debe ser alcanzable para todos. Hoy, en el Perú, sigue siendo un privilegio de los pocos que están dentro del sistema. En vez de seguir ampliando feriados, deberíamos preguntarnos cómo lograr que más peruanos tengan acceso a vacaciones reales, sueldos dignos y estabilidad laboral. Porque de eso se trata el verdadero bienestar, no de acumular días libres para unos pocos mientras la mayoría sigue fuera del sistema. ¿Nos animamos a eliminar los tres feriados adicionales que se crearon recientemente y tanto daño ocasionan?