El hermanísimo Boluarte mantiene preocupados a los ministros… Nicanor debe ser alguien muy especial; de lo contrario, el Gabinete Ministerial no estaría perdiendo el tiempo en hablar de él y defendiéndolo, aunque claro, no lo hace de manera directa. Ser el hermano mayor de la presidenta Dina Boluarte tiene sus ventajas porque, valgan verdades, no vemos otro mérito trascendental para que los ministros hagan la deferencia de hablar compungidos sobre un prófugo de la justicia.
Desde hace algún tiempo el primer ministro, Gustavo Adrianzén, confunde su rol como vocero de la Presidencia. Ha delegado esa función a Freddy Hinojosa, a quien le inventaron el cargo, le aseguraron el sueldo a costa de nuestros bolsillos. Esa no es una generosidad, es una clara infracción a la Constitución Política. Adrianzén ahora cuestiona las decisiones del Poder Judicial cuando se trata de la familia presidencial, olvidando que por su alto cargo podría influir en la independencia de los jueces.
Nicanor Boluarte decidió convertirse en fugitivo, desafiar el principio de autoridad y pasar a la clandestinidad luego de que el Poder Judicial le dictara 36 meses de prisión preventiva en su contra. El hermano presidencial es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias por el caso llamado Los Waykis en la Sombra. Que alguien cercano a Palacio de Gobierno nuevamente huya de la justicia, como lo hace Vladimir Cerrón, no es un asunto personal de la presidenta Boluarte, es un reflejo de que su entorno cree estar por encima de la ley.
Si se comprueba que la presidenta Boluarte conocía los supuestos actos ilícitos de su hermano, sería un golpe más a la legitimidad de su gobierno, lo que podría llevar a un proceso de vacancia presidencial. De allí que la maquinaria de comunicación se haya desplegado para cerrar filas en torno a los Boluarte y su entorno. Este Gobierno pasará a la historia por ser el club de los “fugitivos”, de los “no habidos” o, como dicen los abogados de Nicanor, “los sustraídos de la justicia”; juegos de palabras para decir que se burlan de la autoridad, pero con sinónimos semánticos.
Y como si la presidenta no tuviera dos abogados del Estado pagados por todos los peruanos, como si no fuera suficiente el gasto que hizo este Gobierno de más de un millón de soles en abogados, según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), ahora los ministros también se han sumado para ser defensores, pero de Nicanor. Los ministros equivocan su rol y olvidan que no fueron nombrados para ser voceros de la presidenta ni de su entorno familiar. Su papel es servir al país. El único asesor jurídico del Ejecutivo es el ministro de Justicia, cuyo rol está bien delimitado.
Que el Gabinete ministerial responda de manera sincronizada para cuestionar la decisión de enviar a la cárcel a un investigado, y más si es familiar de la presidenta Boluarte, es un mensaje político que podría generar presión en la administración de justicia como una marcada intromisión en el Poder Judicial, y por ende es una violación flagrante al principio de separación de poderes. En otros tiempos, el Congreso habría actuado de acuerdo a ley, pero en estos tiempos el cálculo electoral pesa más.
El Gobierno, a respetar las instancias judiciales. Un poco de respeto y conciencia no vendría mal en el Gabinete ministerial. Omitir funciones y violar la Constitución nunca terminan bien. Los cargos son temporales y el poder es efímero; sin embargo, las acciones son las que se juzgan con el paso del tiempo.