En las últimas semanas, se han observado señales sustancialmente contradictorias respecto a la buena gobernanza fiscal vinculada a la gestión del recurso humano en la administración pública. Tanto el Legislativo como el Ejecutivo, responsables de aprobar las leyes relacionadas con el aparato estatal, deben priorizar que la administración de los recursos públicos sea transparente, eficiente, equitativa y basada en decisiones responsables que generen valor público para la ciudadanía. Asimismo, deben garantizar el cumplimiento de las normas, asegurar una recaudación tributaria justa y promover el uso de esos recursos para el desarrollo sostenible, buscando siempre un equilibrio entre las necesidades del Estado y los derechos de los contribuyentes.
Por un lado, la reciente Ley 32507, impulsada por el Legislativo y aprobada por el Ejecutivo, flexibiliza y reduce los requisitos para ocupar cargos directivos claves en el Estado, en donde se toman las decisiones que afectan al país. Aunque la ley afirma reforzar la experiencia y formación, en realidad disminuye la exigencia de “experiencia específica” e introduce el concepto de “equivalencia”, que permite validar años de experiencia sin certificar la experiencia directa en el área.
Es claro que esta decisión no beneficia a los trabajadores, sino a profesionales inexpertos que podrán acceder o ascender con criterios menos rigurosos y poco claros a los puestos de viceministros, secretarios generales y gerentes regionales y municipales. Ante esto, es necesario cuestionar: ¿a quién realmente favorece esta flexibilización? ¿Por qué se prioriza la “equivalencia” en lugar de fortalecer regulaciones más necesarias? ¿Por qué quienes pagamos la operación de la administración pública debemos asumir las consecuencias de decisiones que parecen perjudicar a múltiples sectores?
Es evidente que este cambio favorece a un grupo reducido. Aprovechando momentos de distracción —como estados de emergencia, procesos electorales o la problemática de la minería informal e ilegal— se aprueban leyes que flexibilizan los requisitos para la designación de funcionarios, reduciendo el énfasis en el mérito profesional, la experiencia comprobada y la capacidad real de quienes deben tomar decisiones de alto nivel.
Por otro lado, se aumentan los sueldos en sectores como educación y justicia, y probablemente luego en más áreas. No es que esté mal atender reclamos laborales legítimos, pero hacerlo sin mejoras reales en productividad y calidad de los servicios, especialmente en un contexto de estrés fiscal —con bajo crecimiento económico, menor recaudación y déficit fiscal, y presión de la deuda en ascenso—, resulta contradictorio. Es claro que estas medidas atentan contra la sostenibilidad fiscal que, a la larga, pagaremos todos los peruanos.
En el presupuesto de 2025, el peso de la planilla es prácticamente un tercio y está subiendo rápidamente, pues hace un quinquenio apenas superaba la cuarta parte, por lo que cualquier incremento adicional, como los que se están aprobando al incrementar las escalas salariales, conducirá a que se reduzca el espacio fiscal de las inversiones, es decir, estamos cambiando obras que benefician directamente a millones de ciudadanos por ingresos que benefician a cientos de miles de funcionarios y servidores públicos.
Si bien es cierto, esto incrementará el consumo de dichos segmentos poblacionales, el impacto multiplicador del consumo sobre el producto es mucho menor que el impacto del gasto de capital, por lo que, cada vez que se aumenta el gasto en la planilla a costa de reducir la inversión, se reduce la senda de expansión del producto y, por tanto, se reduce el crecimiento potencial de la economía a mediano plazo.
En otras palabras, si seguimos deteriorando los cuadros técnicos de alto nivel en el Estado y aumentando la planilla a costa de la inversión, estaremos reduciendo los niveles de competitividad del país y con ello el bienestar de nuestra población.