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Matar a la gallina de los huevos de oro

"Dada la relevancia nacional de Machu Picchu y el rol protagónico que tiene en el Perú como destino turístico, toda su gestión, incluida la de sus accesos, debiera estar bajo la administración del Gobierno nacional”.

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(Midjourney/Perú21)
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Fecha actualización:
21/09/2025 - 07:05
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Esta semana estuve en Cusco y sentí una gran vergüenza como peruano ante los testimonios de muchos turistas. Familias que habían planificado sus viajes con meses de anticipación, con la enorme ilusión de conocer Machu Picchu, y que después de días de intentarlo se resignaban a dejar Cusco sin haber pisado la ciudadela inca.

Como se sabe, entre el domingo y miércoles, miles de turistas fueron impedidos de viajar a Machu Picchu, y unos 1,400 quedaron varados sin poder retornar. Ello como consecuencia del bloqueo en la vía férrea, motivado por una disputa entre dos empresas que, con sus métodos mafiosos, son capaces de frustrar los planes de miles de visitantes y —mucho más grave— dañar seriamente la reputación del Perú como destino turístico. Y es que, no cabe duda, cada uno de estos turistas retornará a su país contando la nefasta experiencia vivida.

¿Cuál es la razón detrás de este bloqueo? Sucede que el contrato de concesión de Consettur, empresa de buses operadora de la ruta que une al pueblo de Aguas Calientes con el santuario de Machu Picchu, venció el 4 de septiembre. En esta fecha debían ingresar los buses de la empresa comunal San Antonio de Torontoy, que previamente había ganado la nueva concesión. No obstante, los 18 buses de dicha empresa aún no han podido ingresar a Aguas Calientes, puesto que, dos días antes de que se inicie la nueva concesión, sujetos no identificados cortaron los frenos de las plataformas férreas destinadas a transportar estos buses, por lo que continúan inoperativas.  

Aunque aún no hay una investigación oficial que haya determinado a los autores, las motivaciones —y, por ende, los responsables— son evidentes. De hecho, el Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu ya ha señalado que Consettur estuvo detrás del sabotaje.

En respuesta, la empresa San Antonio de Torontoy no tuvo mejor idea que bloquear las líneas del tren entre Cusco y Aguas Calientes como mecanismo de presión, que es lo que ha causado el vía crucis que miles de turistas han experimentado esta semana. Aunque la empresa ha negado responsabilidad, la propia Policía la ha señalado.

Más allá de los métodos extorsivos y mafiosos que ambas partes emplean, hay dos elementos del contexto que permiten que esta situación tenga lugar.

El primero es el absurdo carácter monopólico de la concesión de buses. Es verdad que hay ciertos servicios en los que un monopolio puede encontrar justificaciones económicas, pero en ningún caso la operación de una ruta de buses encaja en ese supuesto. Acá lo que tendría que haber es una libre competencia entre proveedores, que el mercado determine el precio y que los usuarios opten por el mejor operador. El sostenimiento de un monopolio solo puede estar explicado por intereses mercantilistas de grupos con poder.

El segundo elemento tiene que ver con que la administración de la vía esté bajo la Municipalidad Provincial de Urubamba, que actúa como “concedente” de este monopolio. Resulta evidente que esta municipalidad no está en capacidad de asumir la tarea de manera competente y sin ceder a los intereses locales.

De hecho, la injerencia de autoridades e intereses comerciales locales ya ha generado desmadres en el ámbito de la venta de entradas al santuario. Un proceso que, como consecuencia, hoy opera bajo un sistema presencial propio del siglo pasado que complica el planeamiento de todos los viajeros extranjeros y da lugar a todo tipo de “tramitadores” y corruptelas.

Dada la relevancia nacional de Machu Picchu y el rol protagónico que tiene en el Perú como destino turístico, toda su gestión, incluida la de sus accesos, debiera estar bajo la administración del Gobierno nacional.

Lo descrito, sumado a la pobre gestión de aforos, la falta de inversión en conservación y la inadecuada infraestructura turística, ha llevado a que el proyecto New7Wonders anuncie esta semana que la designación de Machu Picchu como maravilla del mundo esté en peligro.

Lo que los menudos intereses locales parecen no comprender es que su proceder mercantilista —y, en casos, mafioso— solo terminará matando a la gallina de los huevos de oro en un país con un potencial turístico que ya muchas otras naciones quisieran tener.

Machu Picchu, su grandeza y los cientos de miles de turistas que la visitan anualmente merecen mucho más.

 

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