El Perú vive una paradoja: celebramos elecciones cada cierto tiempo, pero nuestras instituciones están capturadas por intereses políticos y económicos que nada tienen que ver con el bien común. Tenemos democracia electoral, pero no Estado de derecho. Votamos, pero no vivimos en libertad. La pregunta es: ¿puede llamarse democracia a un sistema donde las reglas del juego cambian según la conveniencia del gobernante de turno?
La respuesta es no. Los filósofos políticos modernos —Locke, Montesquieu, los Padres Fundadores de Estados Unidos— lo entendieron claramente: la democracia es mucho más que elecciones. Es un sistema institucional que limita el poder mediante pesos y contrapesos, que protege derechos individuales frente a las mayorías, que garantiza un poder judicial independiente y que somete al Ejecutivo al imperio de la ley. Sin instituciones fuertes, la democracia se convierte en un cascarón vacío que legitima tiranías electas.
América Latina es un catálogo de fracasos institucionales disfrazados de democracia. Venezuela eligió a Hugo Chávez democráticamente y él destruyó todas las instituciones que pudieran limitarlo. Argentina vota cada cuatro años, pero su Congreso y su Poder Judicial están secuestrados por mafias políticas que perpetúan la decadencia económica. Ecuador, Bolivia, Nicaragua: la lista es larga. En todos estos casos, líderes populistas llegaron mediante el voto popular y luego desmantelaron las instituciones para concentrar el poder.
El Perú no es la excepción. Nuestro Congreso ha sido históricamente un mercado de favores donde se negocian intereses particulares bajo la fachada de representación popular. El Poder Judicial es una lotería donde quien tiene mejores conexiones políticas gana el juicio. Las municipalidades operan como feudos medievales donde alcaldes distribuyen prebendas a cambio de lealtades clientelares. Y, mientras tanto, la ciudadanía se desencanta del sistema porque percibe —correctamente— que su voto no cambia nada sustancial.
La izquierda populista explota precisamente esta debilidad institucional. Su narrativa es simple y seductora: “Las instituciones están corruptas, yo soy el pueblo, denme el poder y lo usaré para hacer justicia”. Es la promesa de Chávez, de Evo Morales, de los Kirchner, de Castillo. Y funciona porque hay una base real de frustración: las instituciones, efectivamente, están capturadas. Pero la solución populista es peor que la enfermedad: destruir las pocas instituciones que quedan en pie solo garantiza más caos y más pobreza.
Como advirtió Friedrich Hayek, la democracia no garantiza la libertad. Una mayoría puede votar por su propia esclavitud si no existen límites institucionales al poder político. Por eso, los liberales clásicos insistimos en que el Estado de derecho es anterior y superior a la democracia electoral. Primero las reglas claras, después el juego político.
¿Cómo romper este círculo vicioso? La clave está en la prensa independiente y la sociedad civil organizada actuando coordinadamente. Los medios serios de investigación son el primer contrapeso real al poder: denuncian, documentan, amplifican escándalos que de otro modo quedarían ocultos. Willax ha transformado el periodismo de investigación en el Perú exponiendo redes de corrupción con una contundencia que las instituciones formales no lograban. Cuarto poder en televisión, junto con diarios como Perú21, El Comercio y Expreso, han complementado ese trabajo investigativo desde la prensa escrita. Sin periodismo de investigación valiente, Pedro Castillo seguiría siendo presidente.
Pero la prensa sola no basta. Su impacto se multiplica cuando la sociedad civil responde a sus denuncias con acción política. Cuando empresarios, académicos, líderes religiosos y gremiales actúan coordinadamente para defender el Estado de derecho, el costo político de violar las reglas se vuelve insoportable para los gobernantes. La prensa investiga, la sociedad civil presiona, y juntos disciplinan al poder mucho mejor que las leyes escritas.
La experiencia internacional lo confirma. El caso Watergate no terminó con la investigación del Washington Post, sino cuando el Congreso, las universidades, los empresarios y la ciudadanía estadounidense hicieron suyo el escándalo y exigieron justicia. La prensa expone, la sociedad sanciona. Esa combinación es letal para la corrupción.
En el Perú, defender las instituciones implica acciones concretas: proteger la libertad de prensa frente a intentos de censura o captura; apoyar económicamente al periodismo de investigación para que no dependa de publicidad oficial; gremios empresariales que se nieguen públicamente a financiar campañas de candidatos corruptos; universidades que formen profesionales con criterio ético; ciudadanos que exijan rendición de cuentas constante y no solo en época electoral.
El cambio no llegará de un mesías político ni de una nueva Constitución. Llegará cuando quienes tienen voz e influencia entiendan que defender las instituciones es defender su propio futuro. Mientras el sector privado negocie con cada gobierno de turno, mientras las universidades se limiten a formar empleados y no ciudadanos, mientras los medios callen por conveniencia, seguiremos eligiendo gobernantes cada cinco años para descubrir que nada cambia de fondo.
La democracia real comienza cuando las instituciones importan más que los caudillos. Y las instituciones se fortalecen cuando la prensa investiga sin miedo y la sociedad está dispuesta a defender esas investigaciones, incluso cuando hacerlo implica conflicto con el poder. Esa es la única vía. Lo demás es retórica.