El enérgico comunicado de la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (Apeim), exigiendo una rectificación inmediata a la presidenta de la República de sus palabras sobre las encuestas, se justifica plenamente.
Como se sabe, hace unos días Dina Boluarte sacó a pasear nuevamente su versatilidad para el desatino y el arrebato procaz, cargando en esta oportunidad contra las encuestadoras, cuyos guarismos ubican su aprobación —casi unánimemente— en las proximidades del cero o el margen de error.
Ante un raleado evento público en Carabayllo, la mandataria anunció a quien la pudiese oír: “Esta es la forma en que trabajamos, aquí están las encuestas (señalando a los pobladores presentes). Y a los que me califican dizque diciendo (sic) que tengo 3% de aprobación, yo les digo que de una vez pónganme 00. Así estamos empatados y nos vamos a penales”. Y, sin mostrar prueba alguna, se atrevió a insinuar, además, que le quisieron cobrar para subirle unos dígitos.
“A ellos les digo, ¿para qué gastan su dinero, su energía? Primero, empezaron (con un) 11% (de aprobación). Luego, nos tocaron la puerta: ‘Pero dennos alguito, le podemos subir dos puntos’”, afirmó muy suelta de huesos, como quien narra una criollada.
En su comunicado, Apeim le recordó a la presidenta que “las encuestas se realizan con apego a normas internacionales de calidad que rigen la práctica profesional en la investigación de mercados, opinión social y análisis de datos siguiendo los más altos estándares de rigor científico y técnico”.
Y, a su vez, el presidente de la institución —y columnista de Perú21— Javier Álvarez agregó: “Desacreditar las encuestas no solo desinforma, sino que pone también en riesgo el esfuerzo de muchos profesionales. Por ello, creo que sería un acto de responsabilidad que la presidenta se retracte reconociendo la importancia de esta labor y el valor que aporta al país. Afirmar que estas encuestas se realizan por algún beneficio constituye una difamación que, además de dañar nuestra imagen, representa un delito…”.
Es ciertamente inaceptable que la presidenta de la República se atreva a lanzar una especie semejante –desesperada, suponemos, por el rechazo masivo a su gestión–, pues constituye un acto difamatorio.
Ni siquiera el cargo que ostenta la exime de responder a la justicia si el caso llegara a tribunales. Y entonces, quién sabe, la señora Dina Boluarte podría darse el gusto de autocumplir su profecía, yéndose “a penales”, como ha ofrecido.