Los procesos electorales en el Perú aún dejan mucho que desear: el voto es obligatorio, con cédulas de papel, conteo manual y una espera muy larga para conocer los resultados. A ello se suma una papeleta de votación tan larga que, sin duda, generará votos viciados por error y confusión entre los electores.
En esta compleja realidad, dos medidas anacrónicas ameritan revisión urgente y podrían ser corregidas a tiempo para las próximas elecciones si es que este Congreso actúa con diligencia: la ley seca y la prohibición de encuestas.
La ley seca es inútil porque restringe el expendio, mas no el consumo, forzando a la población a acopiar bebidas alcohólicas antes de la veda para consumirlas en casa, castigando al comercio formal sin alcanzar el objetivo preventivo. Hoy pocos países aplican esta medida, pues además de ineficaz, atenta contra las libertades individuales y económicas. El impacto negativo a las mypes es significativo especialmente en bodegas, restaurantes, hoteles, panaderías y el rubro turístico en general. Finalmente, promueve el consumo de bebidas clandestinas y adulteradas, con alto riesgo sanitario.
Actualmente, se prohíbe la difusión pública de encuestas durante los siete días previos a la jornada electoral. En teoría, esto debería ayudar al elector a construir un voto reflexivo, sin influencias externas ni manipulaciones. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de electores no practica el voto informado, y es altamente susceptible a los datos que recibe del entorno. Especialmente en la última y decisiva semana, muchos recurren al voto estratégico, pues con tantos candidatos, es probable que su primera opción no gane y deban buscar una segunda opción similar, pero más realista. Sin encuestas, se restringe duramente la libertad de información y el voto estratégico termina siendo un disparo al aire, porque el elector queda a merced de noticias falsas y rumores no verificados que se difunden a través de canales no oficiales, grupos de chat y redes sociales.