Los problemas de legitimidad que enfrentan hoy los gobiernos no se asocian, como en el pasado, al origen del poder del gobernante. Las crisis de representatividad y legitimidad surgen ahora de la actuación gubernamental, de la eficacia de sus acciones; es decir, de la capacidad para gobernar con efectividad, resolver los principales problemas que afectan la vida cotidiana de las personas y hacerlo de manera correcta, respetando los derechos fundamentales y operando dentro de un marco de integridad absoluta.
En este contexto, el desafío de la gestión pública peruana radica, en gran medida, en transformar la operación de los sistemas administrativos que regulan la provisión de bienes públicos, la prestación de servicios, la construcción de obras y la generación de regulaciones. Es clave no perder de vista que, mientras la mayoría de estos sistemas administrativos regulan recursos específicos o funciones delimitadas —como presupuesto, contabilidad o abastecimiento—, el Sistema de Modernización no administra un recurso en sentido estricto. En cambio, orienta, articula y transforma la forma en que el Estado se organiza para cumplir su rol esencial. Precisamente estos aspectos lo posicionan para desempeñar una función articuladora, integradora y transversal en toda la administración pública.
Lamentablemente, a pesar de un marco regulatorio profuso generado en casi 20 años desde la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, este sistema no ha logrado ejercer efectivamente esa función. De hecho, los once sistemas administrativos operan actualmente en silos, con escasa coordinación efectiva. Cada uno cuenta con su propia normativa, procesos, tiempos y lógicas de actuación, lo que no garantiza una articulación fluida al gestionar una organización pública. Por tanto, aún no existe un proceso de gobernanza que los integre hacia objetivos comunes, como la agilidad en la gestión de las entidades públicas. Y, como tal, el resultado es una multiplicidad de esfuerzos y presupuestos duplicados, contradicciones normativas y una sobrecarga burocrática que obliga a las entidades a cumplir simultáneamente con requerimientos desconectados, sin ilación ni articulación entre sí.
Por otro lado, no existe un programa presupuestal específico para la modernización, ni incentivos claros para las entidades que avancen en eficiencia, ni sanciones para aquellas que fallen en gestionar de manera eficiente y eficaz sus operaciones públicas. Las entidades quedan libradas a su propia capacidad e iniciativa, que en muchos casos resulta repetitiva debido a los reprocesos generados por cambios políticos y la alta rotación de personal.
Asimismo, no se ha implementado un sistema robusto de monitoreo que permita conocer en tiempo real qué funciona y qué no en la administración pública. Aunque los indicadores de la Política Nacional de Modernización son numerosos, no están conectados a tableros de control accesibles para todos los niveles. La evaluación de impacto es prácticamente inexistente, y no se sistematizan lecciones aprendidas ni se difunden buenas prácticas de forma efectiva y escalable.
A esto se suma que la alta rotación de funcionarios y autoridades políticas interrumpe procesos que requieren años para estructurarse e incluso madurar plenamente. Cada nueva gestión tiende a “refundar” las propuestas y apuestas previas, en lugar de consolidar los avances realizados. No existen mecanismos efectivos de transición que aseguren la continuidad institucional más allá de los ciclos electorales.
Como bien sostiene Adriana Arciniega, especialista en modernización del Estado, hasta que la modernización se trate como una política de Estado —y no solo como un programa de gobierno—, seguiremos atrapados en ciclos cortos de inicio e implementación, seguidos de desaceleración y reformulación ante cada nuevo cambio. Esto resulta particularmente costoso en un Estado como el peruano, que no aprende de sus propios experimentos, repite errores sistemáticamente y desaprovecha innovaciones exitosas. Estas quedan encapsuladas en entidades específicas, sin escalar, porque carecemos de mecanismos de aprendizaje organizacional sistémicos y transversales.
Ojalá el nuevo gobierno, que pronto elegiremos, comprenda esta urgencia y transite de buenas intenciones y acciones aisladas hacia la consolidación de un verdadero sistema integrado de modernización. Este debe operar como una red articulada de capacidades que se refuercen mutuamente, haciendo posible la creación efectiva de valor público para los ciudadanos. Para lograrlo, se precisa un enfoque de metagobernanza sistémica que impulse ajustes estructurales en el marco de gestión institucional peruano —entre ellos, la aprobación de una Ley de Bases de la Administración Pública y la actualización de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo—. Solo así consolidaremos las capacidades construidas y aseguraremos la sostenibilidad de los procesos de modernización, más allá de los efímeros ciclos políticos gubernamentales.