Esta semana se ha declarado como la Semana de la Integridad y así será la segunda semana de diciembre de cada año en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de crear conciencia y fortalecer medidas para prevenir y enfrentar eficaz y eficientemente la corrupción. Esta es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo, y tiene profundas implicancias políticas, sociales, culturales y económicas: debilita la democracia, erosiona el Estado de derecho, afecta el crecimiento económico, aumenta los costos de transacción, socava la competencia leal, desalienta la inversión extranjera y nacional, y corroe la institucionalidad. Un país corrupto es un país inseguro, sin paz, ni confianza y empobrecedor.
Según el INEI, la mayor preocupación de los peruanos continúa siendo la corrupción y se manifiesta de diferentes maneras, a través del cobro por regalos, propinas, sobornos y coimas, entre otros, y a través de los servicios del Estado. En la investigación realizada por Ipsos para CADE Ejecutivos 2024 de IPAE, los empresarios de las empresas más grandes del país coinciden también en que la corrupción es uno de los problemas más críticos.
Al mismo tiempo que escuchamos de espacios académicos, eventos del Estado y conversaciones académicas por la Semana de la Integridad, tomamos conocimiento de los casos de empresas y empresarios que habrían sobornado a autoridades regionales, y expresidentes en obras de construcción, y que incluso otras intoxican niños en negocios corruptos con el Estado. Es claro que uno de los más involucrados y afectados en este flagelo es el sector privado, y así como hay llamados a la acción a los gobiernos, también se debe tener en cuenta el papel que cumple el empresariado en la lucha contra la corrupción.
Entre 2021 y 2022 el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE) e Ipsos Napoleón Franco, realizaron una encuesta sobre percepción de la corrupción en Colombia, Perú y Ecuador, entre pequeños, medianos y grandes empresarios que durante los últimos 5 años hubieran participado en procesos de licitación con el Estado, y encontraron que “las empresas muchas veces ignoran conductas éticas para lograr sus objetivos generales”. “Que el 87% de los encuestados considera que esto sucede en los procesos de contratación estatal”. Y que la desconfianza en estos procesos ha hecho que el 83% de los empresarios encuestados decida no participar y que los sobornos requeridos son una de las razones que brindan para no hacerlo. Con lo cual, cabe inferir, se quedan en competencia solo los que entran al juego sucio. En cuanto a sus percepciones sobre las consecuencias, el 55% de los encuestados consideró muy poco probable que un empresario que haya participado en actos de corrupción, como un soborno, sea sancionado y vaya a la cárcel. Y otro dato revelador fue que únicamente el 46% de los empresarios encuestados tiene un programa formalizado de integridad de negocios.
Es claro que luchar contra la corrupción es una tarea de gobierno y de todos los sectores de la sociedad civil, pero el sector privado tiene un deber ineludible, por el fin en sí mismo que es la integridad, claro, y porque de no hacerlo el apoyo público a la incitativa privada se ve debilitado y amenazado.
Las empresas tienen el desafío de trabajar y unirse con la sociedad civil para lograr una economía más transparente, y promover y defender prácticas comerciales éticas en todas sus operaciones. Que aquello que se dice “que las empresas incluso incorporan la corrupción en sus costos” sea una práctica desterrada en el país, y que la Semana de la Integridad pueda servir para que un liderazgo empresarial comprometido con la integridad sea el primero en indignarse y pedir sanciones efectivas por los casos de corrupción que están saliendo a la luz en el país.