La imprescindible reforma del sistema de administración de justicia —o impartición de justicia— es una tarea históricamente pendiente en el Perú. No solo el Poder Judicial, sino el sistema de justicia en general, han sido las “cenicientas” de la nación. Nunca hemos tenido una verdadera política de Estado que dote al país de un eficiente sistema integral de justicia que haya estado a la altura de nuestra sociedad.
No le hemos dado, como en otros países, la necesaria preponderancia en la estructura del Estado. Más bien ha sido relegado. Es que un sistema judicial eficiente y autónomo es también un control al poder. Basta ver cómo muchas de las polémicas decisiones del presidente Trump son ralentizadas o revocadas por sus tribunales de justicia en los EE.UU. Y todos respetan eso. El secreto: jueces preparados, imparciales e independientes.
A contramano, en el Perú el sistema de justicia ha colapsado llegando al último nivel en la escala del Estado. Solo aparece protagónico en el lawfare, como nunca antes se había visto. Los cuatro jinetes del apocalipsis: (i) La organización criminal. (ii) El lavado de activos. (iv) La extinción de dominio. (iv) Las violaciones de los principios de legalidad y de no retroactividad. Son notas saltantes de los últimos tiempos de la justicia, so pretexto de la “lucha contra la corrupción”, que han sido mal utilizadas para interferir decisiones del Poder Ejecutivo (PE), del Congreso, de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y, ahora, del Sistema Electoral.
Desde el PE se anuncia con estridencia reformas al sistema de justicia que, sin embargo, no va a poder hacer: (i) Toda reforma constitucional pasa por el Congreso. (ii) El PJ, el MP y la JNJ están regidos por leyes orgánicas que no pueden ser delegadas al PE. Por tanto, el repitente ministro de Justicia, polémico e histriónico, solo puede elevar sus iniciativas al Congreso. No por nada el llamado “Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia” (2019), cuya secretaría técnica lleva el Minjus, poco tiene por exhibir al cabo de 6 años.
En el Congreso hay una Comisión Especial, con una importante Consultiva, que ha avanzado seriamente y que dejará asentadas sólidas bases de una reforma completa a ser discutida en el próximo mandato constitucional.
No parece posible que esta necesaria reforma integral del sistema de justicia esté cercana ni sea realidad en el corto plazo mientras no haya una decisión del Estado que se avoque a ella, que venza la casta judicial, la malformación del MP y que aggiorne la JNJ con la Escuela Nacional de Justicia en un solo sistema, para dotar al país de jueces y fiscales mejor preparados para su trascendente labor, desterrando la metástasis de la provisionalidad, la falta de preparación y la recusación de la meritocracia. Hay aún largo camino por recorrer para lograr, con patriotismo, la necesarísima reforma de todo el sistema de justicia.