Los estados financieros son esenciales para la toma de decisiones estratégicas y la rendición de cuentas en cualquier organización. En el ámbito privado, al cierre del primer trimestre, la gerencia elabora los estados financieros del año anterior, los cuales deben contar con un dictamen de auditoría externa antes de ser presentados al directorio y accionistas, garantizando que reflejan adecuadamente la situación económica, financiera y patrimonial.
Este proceso de gestión y control, común en el sector privado, debería replicarse con igual rigurosidad en el sector público, que se financia con el esfuerzo de todos los peruanos. La aprobación de los estados financieros no significa validar todas las acciones del año fiscal, sino confirmar que su contenido ofrece una representación razonable de la realidad financiera, porque desde este análisis se derivan planes de mejora y deslinde de responsabilidades, apoyados en las recomendaciones de los auditores.
El artículo 81 de la Constitución Política del Perú establece que los estados financieros del sector público conforman la Cuenta General de la República, elaborada por la Dirección General de Contabilidad Pública, autoridad responsable del Sistema Nacional de Contabilidad y del cumplimiento obligatorio de las normas contables en las entidades públicas.
La Cuenta General incluye información y análisis sobre resultados financieros, presupuestarios, económicos, patrimoniales y cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera. Su recorrido va desde el Ejecutivo, que remite este informe al Congreso para su discusión y aprobación, acompañado del informe de auditoría de la Contraloría General, con una fecha límite del 15 de agosto siguiente al cierre presupuestal.
Con la instauración del Congreso Bicameral, la Cuenta General será analizada por una comisión bicameral, integrada por igual número de senadores y diputados, con plazo hasta el 15 de octubre para emitir dictamen. Luego, Senado y Cámara de Diputados se pronunciarán en sesión conjunta hasta el 30 de noviembre; si no, el dictamen se elevará al Poder Ejecutivo para su promulgación mediante decreto legislativo.
No obstante, en la práctica, la Cuenta General no ha sido promulgada en más de una década debido a que el dictamen de la CGR suele incluir salvedades, debido a problemas persistentes como la falta de regularización o subestimaciones de activos, el deterioro de obras paralizadas sin ajustes contables, provisiones insuficientes para litigios con posibles pérdidas y limitaciones en el acceso a información tributaria de Sunat, entre otros.
Por ello, resulta urgente promulgar la Cuenta General y ejecutar con determinación los planes de acción para cumplir las recomendaciones de los auditores. De esta forma, en el futuro se lograrán dictámenes sin salvedades y se fortalecerá la administración de los recursos públicos.
Este desafío exige voluntad política, capacidades de gestión y la aprobación de una ley que otorgue a la Contraloría facultades para que pueda acceder sin restricciones al secreto tributario, única, exclusivamente y bajo responsabilidad, para fines del dictamen de la Cuenta General.
Por otro lado, los avances tecnológicos en gestión financiera pública dan paso a reformar los plazos mediante una ley de reforma constitucional, para que la Cuenta General se elabore al cierre de abril y se presente al Congreso en mayo. Esto permitiría que, antes de presentar el Proyecto de Presupuesto en agosto, se realice un análisis y rendición de cuentas que orienten mejor la asignación de recursos para el siguiente año fiscal.
Como instrumento clave de transparencia y buena gobernanza, la Cuenta General debería publicarse en formatos accesibles y claros para los ciudadanos; así, su utilidad sería comprendida por políticos, gestores y votantes, facilitando decisiones estratégicas mejor fundamentadas. También permitiría avanzar hacia auditorías no solo financieras, sino de desempeño, que evalúen en qué medida los productos y resultados de la gestión pública cumplen los objetivos de las políticas públicas, mejorando la calidad de vida de la población.
Sin duda, esta es una reforma clave en la gestión financiera estatal que el nuevo gobierno debe impulsar con seriedad para transformar la operación pública actual.