En el Perú ya no solo se vaca presidentes, sino que pareciera haberse vaciado la propia Presidencia. La institución que debía encarnar dirección política, autoridad democrática y horizonte nacional se ha ido degradando hasta convertirse en un cargo transitorio, frágil y casi decorativo.
Durante años hemos discutido sobre mandatarios, sus escándalos, actos de corrupción y personalidades. Pero al concentrarnos en ellos, hemos pasado por alto que mientras caían los gobernantes, también se desplomaba el valor del puesto y de la institución.
La secuencia reciente lo demuestra. Pedro Pablo Kuczynski renunció en medio de pedidos de vacancia. Luego asumió Martín Vizcarra y, tras cerrar el Congreso en una decisión autoritaria, fue removido por “incapacidad moral permanente”. Desde entonces, esta figura constitucional, que es tan amplia y ambigua, terminó convertida en arma política.
Más adelante, Pedro Castillo, luego de múltiples actos poco transparentes, intentó quebrar el orden democrático con un golpe fallido. Dina Boluarte heredó ese escenario y lo agravó. Llegó prometiendo transición y terminó simbolizando desconexión. Su gobierno quedó marcado por la represión de protestas con decenas de fallecidos, una desaprobación masiva y el escándalo del Rolexgate.
Lo más grave no fue solo el desgaste de una mandataria, sino la continua erosión del símbolo presidencial. Después vino la continuidad congresal. La sucesión desde la Mesa Directiva confirmó una tendencia: el Ejecutivo pesa cada vez menos frente a un Parlamento que amplía su control político y condiciona la supervivencia del gobierno de turno.
Incluso decisiones estratégicas, como adquisiciones militares o temas de política exterior, aparecen cruzadas por esa fragilidad. Ya no se discuten únicamente por sus méritos técnicos, sino por la sospecha de quién manda realmente, quién decide y bajo qué presiones.
Un ejemplo actual ha sido la compra de nuevos aviones de combate para la Fuerza Aérea. Desde el gobierno de Boluarte, el Perú venía evaluando opciones para reemplazar la flota. Competían propuestas de Estados Unidos con los F-16, de Suecia con los Gripen y de Francia con los Rafale.
Sin embargo, los hechos recientes permiten sospechar que la decisión no respondió solo a criterios técnicos. Todo pareció girar alrededor de qué presidente, en medio de amenazas de vacancia, asumiría la compra y si potencias interesadas ejercían presión para inclinar la balanza.
Las versiones cruzadas entre autoridades, la sensación de negociaciones avanzadas desde el gobierno anterior y la evidencia de que el actual mandatario no dominaba plenamente el expediente mostraron algo alarmante: incluso en un asunto de seguridad nacional, no había una autoridad presidencial clara. Resultó especialmente grave la negación pública de la compra por parte de Balcázar, seguida por acusaciones de mentira desde su propio entorno ministerial.
En cualquier democracia funcional, una adquisición militar de esa magnitud exige liderazgo político, transparencia y responsabilidad presidencial. En el Perú reciente, en cambio, pareció una decisión arrastrada por presiones externas que atentan la soberanía y desorden interno.
Algunos especialistas consideraban que alternativas como el Gripen sueco podían adaptarse mejor a la realidad operativa peruana. Incluso Saab advirtió este mes que se retiraría del proceso si no recibía una solicitud formal para presentar su oferta final. Pero todo indicaba que la decisión ya estaba tomada.
Y el Congreso, con una nueva amenaza de vacancia, volvió a demostrar que condiciona cada vez más la vida del Ejecutivo. La teoría del equilibrio de poderes se desvanece mientras el Legislativo ocupa el espacio que deja una Presidencia debilitada.
Y, en medio de este proceso electoral —deslegitimado por el mal manejo de la ONPE, más la irresponsable narrativa del fraude promovida principalmente por López Aliaga— nos podemos preguntar si estamos eligiendo a una autoridad real.