A raíz de las sospechas de la orientación sexual de un candidato a la presidencia, ha surgido la discusión de que quien aspira a este cargo público —y con mayor razón quien ya ejerce el poder— no puede administrar secretos que lo vuelvan vulnerable. En respuesta a esta discusión, algunos han insistido en que ciertos aspectos de la vida personal “pertenecen a las cuatro paredes”. El problema es que esa afirmación no es del todo cierta, ni para un futuro presidente ni para un ciudadano común.
Conviene dejar algo claro desde el inicio. El outing —exponer información sobre la orientación sexual de alguien en contra de su voluntad— no es una práctica que deba promoverse, sino rechazarse. Dicho esto, suena bien afirmar que a nadie le importa con quién se acuesta otra persona, pero eso es falso. Y en muchos casos, hipócrita. No lo es para los personajes públicos, pero tampoco para nadie más. Lo quieren saber los padres sobre los hijos, los tíos sobre el sobrino, el jefe sobre sus empleados, el director sobre sus estudiantes, sus profesores y de los padres de familia. Y así etcétera y etcétera.
Esta idea de la intimidad como un espacio completamente ajeno a lo social ha sido utilizada, además, como una trampa cuando las personas LGBTIQ+ reclaman igualdad de derechos. Al insistir en que no es un tema de discusión ni relevancia pública, se niega la discriminación y, con ella, la experiencia concreta de millones de personas. La sociedad asume la heterosexualidad como lo normal y, cuando alguien no encaja en ese molde, se castiga. La orientación sexual no se queda entre cuatro paredes: impacta en la familia, en la seguridad personal, en el trabajo y en el acceso general a oportunidades.
Los datos lo confirman. La II Encuesta Nacional de Derechos Humanos: Población LGBT (2025), elaborada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto con Ipsos, muestra que un 30% de peruanos no estaría dispuesto a contratar a una persona homosexual y un 37%, a una persona trans. Otro estudio de Ipsos (2024) indica que un 38% no votaría por un presidente y un 53% por un alcalde LGBTIQ+. La orientación sexual, por tanto, sí pesa en las decisiones sociales, laborales y políticas.
El caso de Carlos Bruce ayuda a entender el problema desde otro ángulo. Cuando promovía la unión civil en 2013 fue blanco de ataques homofóbicos provenientes tanto de otros políticos como de personajillos religiosos. Un año después decidió decir públicamente que era gay. Y en 2022 fue elegido alcalde de Santiago de Surco. Es cierto que algunos distritos de Lima funcionan como burbujas frente al resto del país, pero su trayectoria revela que en una sociedad como la peruana, a un político gay puede costarle menos asumirse que permanecer bajo sospecha. La ambigüedad parece ser más castigada que la evidencia.
Insistir en que la orientación sexual pertenece únicamente al ámbito privado no es una descripción de la realidad, sino una forma de negarla. Es verdad que a la sociedad no debería interesarle, pero la realidad es contraria y por mucho. Importa porque se usa para excluir, para marcar diferencias, para cerrar puertas. Importa cuando se decide a quién contratar, a quién votar, a quién escuchar. Importa incluso cuando se finge que no importa.
Mientras la orientación sexual siga siendo motivo de discriminación, nunca será un asunto estrictamente privado —no porque deba exhibirse, sino porque sigue siendo leída socialmente—. No es un tema de camas ni de deseos: es un dato que la sociedad convierte en jerarquía. Y mientras eso no cambie, seguirá siendo un asunto público, por más que se insista en esconderlo como un tema íntimo.