La reciente XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú 2025, elaborada por Ipsos por encargo de Proética, muestra preocupantes y significativos niveles de tolerancia social a la corrupción.
La encuesta ratifica lo que todos conocemos, el 87% de la ciudadanía considera que la corrupción le afecta directamente en su vida cotidiana al perjudicar su economía familiar, reducir su confianza en el Estado y sus autoridades, reducir las oportunidades de conseguir empleo, y deteriorar la calidad de los servicios públicos en salud, educación, seguridad, entre otros; mientras que para el 67%, la corrupción es, sin duda, el principal problema que afronta el país, conjuntamente con la inseguridad ciudadana.
Lo que debe apenarnos y no normalizarse es que, aunque el 64% de los peruanos considera corruptos a sus compatriotas, solo el 3% se autodefine como tal. Esta externalización de la responsabilidad —”ellos son corruptos, yo no”— evidencia un mayor nivel de tolerancia social hacia la corrupción en comparación con 2022.
Y es que para el 62% de la gente, el “pedir favores a un conocido en el Estado” para, por ejemplo, conseguir una cama o una cita en un hospital, es aceptable y no constituye un acto de corrupción. Lo que revela una confusión ética en el comportamiento ciudadano, producto del deterioro de los valores y la peligrosa normalización de la corrupción que viene aconteciendo. En cambio, que un conductor le dé una propina a un policía para que lo deje seguir trabajando y evitar el trámite de la papeleta es considerado inaceptable y un acto corrupto por el 58% de la población.
Parece que cuando hay de por medio “propinas” la claridad ética reaparece en el comportamiento ciudadano, aunque, a pesar de ello, la coima, cohecho, soborno, aceitada, mordida, favorcito, entre otras denominaciones, es una experiencia cercana para el 31% de los peruanos y peruanas que, en los últimos 12 meses, ha dado o conoce personalmente que alguien lo ha cometido. Esta normalización no surge solo de la falta de principios éticos, sino de la inoperancia estatal (“el juego es así”). De hecho, el 45% cree firmemente que, sin pagar una coima, las cosas no funcionan.
En otras palabras, la inefectividad de la acción estatal y la falta de presencia y autoridad real del Estado, en muchos lugares, es una de las causas por las cuales los propios ciudadanos y empresarios tienen que sucumbir a estas malas prácticas de normalizar la corrupción y la inconducta funcional en la sociedad.
Por eso, incido en que para luchar efectivamente contra la corrupción hay que reformar y modernizar el Estado, no solo en lo que se refiere al diseño de políticas públicas efectivas en diversos sectores (educación, salud, seguridad, justicia, infraestructura y otros), sino en lo que atañe a la operación misma del Estado por medio de una mejora de la calidad regulatoria y una profunda simplificación en el marco de una reforma integral de los sistemas administrativos que regulan la operación de la administración pública.
La gente piensa equivocadamente que la corrupción es un problema del gobierno. No es así. Ni siquiera es del Estado, que es mucho más que el gobierno. Es un problema de la sociedad. En la generalidad de los casos, no hay corrupto público sin corruptor privado. Evidentemente, los malos funcionarios públicos, al igual que los malos empresarios y los malos ciudadanos, no provienen de otros países, sino que son parte de nuestra propia Nación, y extienden en ella esas malas prácticas.
Por eso, mientras más se incremente la tolerancia social ante la corrupción, más difícil será combatirla y se requerirá de mayor liderazgo y voluntad política de las altas autoridades estatales; empezando por el presidente de la República, quien es indispensable que lidere con el ejemplo.
Esperemos que el nuevo gobierno, que será elegido en abril próximo, tome realmente cartas en este asunto, que juntamente con el problema de la inseguridad ciudadana, constituyen los problemas más importantes del país para todos los peruanos y peruanas.