Podemos afirmar que la inteligencia artificial (IA) jugará un papel decisivo en las elecciones generales de abril 2026, en las que participarán más de 27 millones de peruanos, según datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Más allá de su uso para impulsar las campañas electorales, esta tecnología ofrecerá oportunidades para evaluar las propuestas políticas, filtrar la desinformación y controlar el gasto público, promoviendo —sería el fin esencial— una mayor conciencia sobre los costos y beneficios de los planteamientos de los candidatos.
Con alrededor de 39 partidos participantes, las próximas elecciones serán unas de las más complejas de nuestra historia democrática, no solo por la inmensidad de cédula de votación, sino por el análisis que los electores tendremos que realizar para votar de manera seria y no improvisada como históricamente nos caracteriza. Este escenario incrementa sustancialmente el riesgo de desinformación, populismo programático y propuestas fiscalmente irresponsables ante la proliferación de planes de gobierno improvisados y promesas poco realistas que apelan a consignas emocionales más que a políticas públicas fundamentadas. En medio de esta saturación, la ciudadanía suele dejarse llevar por el atractivo inmediato sin reflexionar de manera suficiente sobre quién asumirá los costos, que siempre somos en última instancia todos los peruanos, los que votamos y las próximas generaciones.
El desafío será comprender y analizar miles de páginas de propuestas y distinguir entre políticas públicas viables y promesas demagógicas, vacías o carentes de factibilidad real. Aquí, la inteligencia artificial, apoyada en procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje de las máquinas y aprendizaje profundo, puede ser una aliada fundamental. Desde la academia, gremios profesionales, periodismo de investigación, medios de investigación, hasta ciudadanos organizados y estudiantes, podrán analizar, clasificar, comparar, verificar y estimar el impacto fiscal de las propuestas en segundos.
¿La IA podría contribuir, entonces, a defendernos contra el populismo y la desinformación, fortaleciendo una ciudadanía informada? En un Estado eficiente y una clase política responsable, no llegaríamos a esos extremos; pero, en nuestra actual situación, sí. Sin embargo, también es imprescindible ser conscientes de sus riesgos: sesgos algorítmicos, exageraciones en la generación de información, vulnerabilidades a la privacidad y neutralidad política, entre otros aspectos que podrían resultar del análisis y orden que emitamos.
Lo cierto es que una democracia sólida se construye con ciudadanos informados, capaces de comprender, cuestionar y fiscalizar. El uso responsable de la IA puede ser una herramienta de control social que impulse decisiones basadas en evidencia —como debiera ser cuando elegimos a quienes dirigirán nuestro país— y suma a la sostenibilidad fiscal desde el Gobierno nacional, regional y local, especialmente tras legislaturas recientes, marcadas por medidas populistas, que muchas veces desconocen a la opinión pública y responden a intereses particulares o de grupos de interés específicos, y que han debilitado las finanzas públicas. En suma, la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la participación electoral hacia una mayor transparencia y responsabilidad; sin embargo, no dejemos siempre de analizar y concordar los resúmenes que se generen en respuesta a nuestros pedidos.