Este mes la educación pública y privada se ha sumado a la lista de preocupaciones que enfrenta nuestra sociedad, como son la inseguridad, la corrupción y la crisis política que dominan las noticias negativas diariamente. Lamentablemente, estos son problemas que los peruanos debemos abordar como ciudadanos huérfanos, porque quienes debieran dirigir con efectividad las políticas públicas mantienen silencio e indiferencia, ya que su prioridad es ocultar la inestabilidad política que enfrentamos, producto de su ineficiencia e interés particular sobre el bien común.
Las autoridades de turno, que representan a millones de peruanos, deben recordar que la educación es un derecho humano fundamental y un motor crucial para el desarrollo de nuestro pueblo. Por lo tanto, una gestión pública acertada debe invertir en ella de manera inteligente y eficaz desde una perspectiva integral e integrada.
Este mes de marzo marca el inicio del año escolar 2025, pero las ilusiones de niños, niñas y adolescentes parecen haberse desvanecido, pues la extorsión ha golpeado también las puertas de su segunda casa: la escuela. No solo el transporte y el comercio, tanto formal como informal, se ven afectados por este cáncer llamado inseguridad, sino que también la educación privada ahora enfrenta niveles significativos de violencia y amenazas, pues en los últimos años la criminalidad ha crecido y se ha diversificado exponencialmente ante la ausencia de un enfoque inteligente y persuasivo que erradique el problema desde la raíz. La indiferencia y la incapacidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial resultan alarmantes, pues su prioridad parece estar lejos de los más de 34 millones de peruanos que enfrentamos diariamente esta cruda realidad.
Pareciera que las autoridades no logran comprender que el sistema y las estructuras de la criminalidad han cambiado, pasando de sistemas organizacionales piramidales a otros de naturaleza segmentada, ya que, al igual que los sistemas económicos se adaptan a la globalización, a la inteligencia artificial, también lo hacen las organizaciones criminales que tienen hoy en día un propósito marcadamente económico. A pesar de ello, en el Estado parece que seguimos diseñando estrategias para luchar contra este flagelo con paradigmas de fines del siglo pasado.
Otro factor de alto riesgo educativo y en constante crisis es la infraestructura de los colegios públicos. Tanto la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional como el Ministerio de Educación (Minedu) han revelado que más de la mitad de los centros educativos a nivel nacional presentan un alto riesgo de colapso en caso de un sismo de gran magnitud. La noticia es importante, pero la acción efectiva para revertir este problema brilla por su ausencia.
No es novedad que riesgos en la infraestructura son reportados año tras año. Precisamente, desde el año 2018, la Contraloría General ha venido realizando operativos a nivel nacional para evaluar las condiciones en que se brindará el servicio educativo antes del inicio del año escolar. Todas las evaluaciones, incluyendo la que se ha hecho para el inicio del año escolar 2025 —en la que se han visitado más de mil instituciones educativas—, coinciden en sus recomendaciones dirigidas al Minedu, las cuales revelan deficiencias en la infraestructura y en los distintos aspectos relacionados para garantizar un correcto servicio educativo, como falta de material educativo, plantillas de docentes y psicólogos incompletas, carencia de planes de riesgos y desastres, falta de servicios higiénicos, entre otros problemas, que lejos de ser excepcionales, se repiten año tras año ante la inacción e impunidad en la sanción de malas autoridades y funcionarios.
Invertir en seguridad y educación no puede seguir siendo una medida reactiva, desordenada, improvisada e inefectiva. Actuar solo cuando el problema estalla no solo es inoportuno, sino que perpetúa el abandono y la precariedad del sistema. Los peruanos demandamos una verdadera voluntad y visión estadista. Cuando el discurso político se desvanece en el aire, sin traducirse en acciones concretas ni en resultados reales, genera más desafección, frustración y desconfianza del pueblo con sus autoridades, socavando las estructuras mismas de un Estado democrático constitucional de derecho. La educación y la seguridad deben ser prioridades innegociables.