Lo ocurrido en el reciente proceso electoral no es, como algunos sostienen, una suma de incidencias aisladas o errores logísticos. Es la prueba de fallas estructurales en la conducción, supervisión y control del sistema electoral. La respuesta institucional ha sido defectuosa si es que no, deliberadamente evasiva.
La ONPE, de Corvetto, ha conducido un proceso cuya trazabilidad, consistencia y transparencia resultan oscuras. En materia electoral, la apariencia de corrección es tan relevante como la corrección misma, porque de ella depende la confianza pública, base de la legitimidad.
Desde una perspectiva jurídica, centrar el debate en la existencia de fraude resulta reductivo. El estándar constitucional aplicable no se agota en la ausencia de dolo; exige garantías efectivas de integridad, transparencia y respeto irrestricto de los derechos vinculados al sufragio. No se trata de porcentajes, sino de principios. La garantía del sufragio exige una protección efectiva.
Las afectaciones al derecho al voto no pueden ser relativizadas por su magnitud. El derecho de sufragio es individual y su vulneración, compromete la validez del proceso en términos cualitativos, no meramente cuantitativos. La lógica de “impacto estadístico irrelevante” es incompatible con la tutela constitucional de derechos fundamentales.
El Jurado Nacional de Elecciones tenía el deber de ejercer un control correctivo oportuno y eficaz. No hacerlo —o hacerlo de manera tardía e insuficiente— no es neutral: equivale, en la práctica, a convalidar irregularidades.
La limitada intervención de la Fiscalía, la Contraloría y el Poder Judicial debilita aún más la credibilidad del proceso.
El resultado es un problema de legitimidad, no de mera legalidad formal y, esto es crucial, pues un proceso puede cumplir requisitos formales y, sin embargo, carecer de la confianza mínima requerida para sostener sus resultados sin cuestionamientos.
De cara al cierre, el mayor riesgo es optar por una salida meramente declarativa: afirmar la validez del proceso sin atender las fallas evidenciadas. Esa estrategia puede cerrar el expediente, pero no resuelve el problema; institucionaliza la desconfianza.
Ocultar las deficiencias no las corrige, las acumula. Y un sistema electoral que acumula desconfianza compromete la estabilidad del sistema democrático.