Cada vez que hay guerras, el Perú termina pagando la factura en la mesa del agricultor. Ocurrió en 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania llevó el precio de la urea por encima de los US$900 por tonelada y obligó a miles de pequeños productores a reducir las dosis o a sembrar menos. Cuatro años después, la historia se repite: el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y el bloqueo intermitente del estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de un tercio del comercio mundial de fertilizantes, han empujado el precio de la urea por encima de los US$750 por tonelada, más del doble del promedio previo a 2021.
La vulnerabilidad no es nueva. Perú importa casi la totalidad de sus fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos, y en 2025 compró más de 300,000 toneladas de urea de Rusia, Argelia, Egipto, China y Marruecos. Cada choque externo se traslada, con un rezago de 6 a 9 meses, al precio del arroz, papa, maíz y pan. Las respuestas improvisadas de 2022, con el FertiAbono y la compra fallida de Petroperú, confirmaron una verdad incómoda: sin oferta propia, el Estado solo puede reaccionar tarde y mal.
El contraste regional debería movernos. Bolivia produce urea en Bulo Bulo desde 2017; Argentina opera Profertil en Bahía Blanca desde hace más de dos décadas; y Brasil reactivó la planta de Araucária para reducir su dependencia de las importaciones. Todos lo hicieron con menos gas que el que tiene Perú. Nosotros contamos con Camisea, con un mercado interno consolidado y una demanda regional creciente, y no tenemos una sola planta. Según Perupetro, una petroquímica del metano demandaría entre 6 % y 8 % del volumen de Camisea para alcanzar una capacidad de 1.2 millones a 1.4 millones de toneladas anuales, suficiente para transformar nuestra matriz agrícola.
Lo más frustrante es que el proyecto no es nuevo ni imposible. Se estima una inversión privada de entre US$1,500 millones y 2,000 millones; hay empresas europeas interesadas y Marcona ha sido anunciada más de una vez como sede. Pero, la decisión sigue empantanada respecto de cómo valorar Camisea para el mercado interno sin desincentivar la exportación de GN. Mientras tanto, en la actual campaña electoral apenas nueve candidatos presidenciales incluyen la petroquímica en sus planes. Otra vez, Lima decide poco y el campo termina pagando mucho.
Quiero ser claro, no propongo proteccionismo ni estatizar la producción de fertilizantes, porque esa vía ya ha demostrado su fracaso. Es crear las condiciones para que la inversión privada construya lo que el país necesita, con contratos de largo plazo sobre el gas, una seguridad jurídica estable y un Estado que articule en lugar de tutelar. Una planta de urea no resolverá todos los problemas del agro, pero pondría piso al precio interno, reduciría una peligrosa dependencia estratégica y abriría una línea de exportación con valor agregado hacia el Pacífico Sur.