Vivimos tiempos en los que discrepar parece haberse convertido en sinónimo de confrontar. La discusión pública se instala con frecuencia en la lógica del enfrentamiento: derecha contra izquierda, Estado frente a mercado, progresistas contra conservadores. En ese clima, hablar de consensos puede sonar ingenuo.
Por eso acepté —no sin reservas— la invitación de Augusto Townsend para integrar una mesa de diez especialistas en educación, con trayectorias y posiciones ideológicas distintas. No compartíamos una misma visión sobre el rol del Estado, el mercado o la gestión pública. El objetivo era ambicioso: acordar cinco o seis políticas públicas capaces de impulsar salto en calidad de nuestro sistema educativo.
Tras unos meses de reuniones ocurrió algo valioso. Logramos consensuar cinco políticas prioritarias y once propuestas concretas para que las próximas autoridades las incorporen en sus planes de gobierno. No coincidimos en todo; persistieron discrepancias legítimas, pero supimos identificar un núcleo común suficiente para construir una agenda compartida.
Los acuerdos giran en torno a principios claros: poner al alumno en el centro del sistema, fortalecer la formación y el desarrollo docente, cerrar brechas educativas, ampliar el espacio para la innovación escolar y diseñar una institucionalidad que garantice continuidad en las políticas públicas.
Me llevo un aprendizaje que trasciende el contenido de las propuestas. Como afirmaba Heráclito, “de la discordia nace la más bella armonía”. No se trata de eliminar las diferencias, sino de ordenarlas a través del diálogo. Sí es posible conversar con respeto y construir acuerdos cuando existe voluntad y propósito compartido. Si pudimos hacerlo en educación, también es posible hacerlo en otros temas nacionales y así, hacer de este país un mejor lugar para vivir.