El último fin de semana el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se aprestaba a tomar un vuelo rumbo a Estados Unidos, pues no tenía impedimento judicial alguno para salir de territorio peruano. Sin embargo, no le permitieron abordar su nave debido a una alerta migratoria que figuraba en los registros de Migraciones.
Este episodio se produjo luego de una sucesión de decisiones administrativas y políticas que, según los abogados constitucionalistas y penalistas consultados, tienen claros visos de ser arbitrarias e inconstitucionales. Si el exmandatario no tenía una orden que le prohibiera salir del país, la alerta carecía de sentido, pues corresponde solo cuando la seguridad nacional se encuentra en riesgo. Y ciertamente, el viaje de un octogenario expresidente distaba mucho de ser el caso.
Por otro lado, el abogado de PPK y los especialistas han cuestionado asimismo la decisión del premier Eduardo Arana de haber llamado a las presidentas de la Corte Suprema y de la Corte Superior de Lima para avisarles que el eventual pasajero no tenía una orden de restricción vigente. Eso implicaba, en buena cuenta, pedirles que se dictara la orden restrictiva de una vez.
Así, Arana apoyó que no se dejara subir al avión a PPK y eso desencadenó que se adelantara para el domingo la audiencia donde se evaluaría el pedido fiscal para prorrogar el impedimento de salida. “Entiendo que Migraciones, en uso de sus facultades, ha dispuesto que dicha persona no pueda salir del país, lo cual considero que, existiendo razones atendibles, ha hecho lo correcto”, declaró públicamente el afanoso premier.
Sin embargo, el abogado defensor del expresidente, Julio Midolo, calificó la conducta de Arana como inapropiada y abusiva. “Esto demuestra claramente que hay una intervención de carácter político y una intromisión del Poder Ejecutivo, ya que la información (de su inminente viaje) proviene del propio primer ministro”.
En efecto, lo que ha hecho el premier ha sido cuestionable, pues, sea quien sea la persona afectada, revela que la justicia peruana podría ceder sus principios de imparcialidad y autonomía que manda la Constitución a pedido de una autoridad política.
¿Qué le pasó a Arana? ¿Cree que volvimos a los años de la dictadura fujimorista en los que el Poder Judicial estaba sometido al Poder Ejecutivo? ¿O se contagió de los arrebatos de ese mandatario –enemigo de la ley, la educación y el libre mercado– que está usando la justicia de su gran país para vengarse de sus enemigos políticos?
Vivimos en una democracia, señor ministro, su injerencia es completamente inaceptable.